La defensa de la ministra Ángela Vivanco sostuvo antes de su comparecencia en la comisión revisora que las acusaciones constitucionales en su contra son inapropiadas y no garantizan imparcialidad.
El abogado Cristóbal Osorio comparecerá esta tarde ante la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados para presentar la defensa de la ministra Ángela Vivanco, quien se enfrenta a dos acusaciones constitucionales en el contexto de las recientes revelaciones del Caso Audios.
La magistrada está bajo investigación debido a la divulgación de los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en este caso. Actualmente, se encuentra suspendida tras la decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción en su contra.
Osorio destacó la improcedencia de las acusaciones, subrayando que superan el límite de 20 firmas estipulado por la Constitución, ya que suman 21 por parte de los parlamentarios.
“Venimos a plantear las defensas de fondo, traemos una serie de documentos para poder exponerlas a la comisión y que llegue la certeza de la improcedencia de la acusación constitucional”, afirmó Osorio.
El abogado argumentó que “el artículo 52, número 2, que regula la acusación constitucional, dice que solamente pueden firmar una acusación constitucional 20 diputados. Estas acusaciones constitucionales suman 21 diputados. Por lo tanto, son improcedentes, son inconstitucionales”.
Al ser cuestionado sobre si los senadores definen el fondo de la acusación, Osorio explicó que esto se relaciona con la imparcialidad de los parlamentarios.
“La imparcialidad por texto, exceder el número de 20 firmas, y segundo, haber emitido previamente una opinión”, aclaró.
El abogado también enfatizó que, según el reglamento del Congreso, un diputado no puede tomar decisiones si ha emitido opiniones previas sobre el caso en cuestión.
“Lamentablemente, tengo que acudir a las normas que rigen a la Cámara de Diputadas y Diputados y el artículo 346 es enfático en indicar que un diputado no puede tomar decisiones cuando existe una duda respecto a su imparcialidad”.
El abogado tampoco descartó la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar los derechos fundamentales de la ministra, debido a la situación particular del proceso.
Osorio mencionó que, si se cumplen ciertas condiciones, podrían contemplar llevar el caso a instancias internacionales, pero que esto quedara a criterio de la magistrada.
“Es algo que tiene que evaluar la Ministra. Nosotros simplemente lo que hacemos es entregarle las distintas opciones que tiene”, indicó.
A raíz de esto, destacó que llevar el caso a instancias internacionales se debe a que “es la instancia donde se analizan los derechos fundamentales y donde existe una jurisprudencia asentada respecto al debido proceso en juicios políticos”, añadió, refiriéndose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa es un beneficio transitorio que le permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus cuentas de la luz. Esto a raíz del alza en las tarifas eléctricas tras el descongelamiento de precios.
