En su defensa, la exministra de Defensa calificó la acción como una "persecución política" y argumenta errores en la interpretación de los hechos y los fundamentos legales por parte de los diputados opositores que impulsaron la acusación.
La exministra de Defensa, Maya Fernández, presentó este viernes su respuesta a la acusación constitucional en su contra tras la controversia generada por la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, abuelo de la exfuncionaria.
En el documento, Fernández afirma que la acusación responde a una “persecución política” y asegura que no cumple con los requisitos necesarios para ser discutida en el Congreso. Según su defensa, los diputados de oposición que impulsaron la acusación han interpretado erróneamente los hechos y los fundamentos constitucionales.
“Los acusadores sostienen equivocadamente que la fallida compra del inmueble por parte del Estado vulnera la prohibición constitucional que impide a los ministros celebrar contratos con el Estado durante el ejercicio de su cargo”, señala el escrito, citado por Emol.
Fernández asegura que el error radica en la interpretación de que la firma de la escritura pública ante notario podría ser suficiente para justificar su destitución, algo que califica como un error.
Además, la defensa destaca que, tras revisar el libelo acusatorio, se evidencian varios problemas que hacen que no se cumplan los requisitos constitucionales para su discusión.
“Los acusadores imponen una responsabilidad que no corresponde a la exministra, pues los hechos que describen involucran actos en los que Maya Fernández no tuvo participación alguna”, argumentan.
La defensa también cuestiona el enfoque de la acusación, señalando que incurre en un “vicio conceptual grave” al intentar aplicar criterios de “responsabilidad objetiva” sin necesidad de probar una conducta personal dolosa o negligente de Fernández, o de demostrar que el Fisco haya transferido recursos a la exministra.
Por otro lado, la misiva señala que el proceso de acusación constitucional está siendo mal utilizado, ya que existe una Comisión Especial Investigadora en curso que aborda el mismo tema.
Esta comisión, que comenzó a sesionar el pasado 10 de marzo, sigue un procedimiento paralelo al de la acusación constitucional, lo que la defensa ve como una incoherencia en el actuar del Congreso.
Finalmente, el escrito de la defensa sostiene que, dada la renuncia previa de Fernández al cargo de ministra, la acusación constitucional carece de fundamento.
La militante del FA respondió al diputado Sánchez, quien planteó que, dado que Tohá es considerada como "continuadora del gobierno de Boric", la opción para los sectores más a la izquierda es la actual ministra Jara.
