La acción de la defensa de Llaitul se centra en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que, según argumenta la abogada del comunero, Josefa Ainardi, ha sido cuestionada por su impacto en las garantías fundamentales.
La abogada defensora de Héctor Llaitul, Josefa Ainardi, anunció que presentará un recurso de nulidad para revertir la condena de 23 años de cárcel impuesta al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por diversos delitos bajo la Ley de seguridad del Estado en Macrozona Sur.
Este martes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco leyó la sentencia contra Llaitul, instancia en la que el juez indicó que la sentencia deberá ser cumplida de manera efectiva sin penas sustitutivas.
En total, la condena suma tres penas que incluyen 5 años por hurto de madera, 15 años por Ley de Seguridad Interior del Estado y 3 años por atentado contra la autoridad. A ello se suma una multa de 15 UTM, aproximadamente $960.000.
De todos modos, a la condena se le deben disminuir los casi dos años que Llaitul ha estado en prisión preventiva.
Condenan a Héctor Llaitul a 23 años de cárcel por delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Es
Ainardi señaló su preocupación por la penalización de Llaitul bajo la Ley de seguridad del Estado, una legislación, creada en 1975, “heredada de la dictadura militar” que, según argumenta, ha sido objeto de críticas a nivel nacional e internacional por su carácter restrictivo de las libertades civiles y políticas.
“Creemos que hay un error en la interpretación que hace esta sentencia y el tribunal en general, con desconocimiento de normas internacionales sobre derechos humanos tan importantes como el Convenio 169 de la OIT, y otros como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica, entre otros”, agregó.
La defensa de Llaitul también calificó la normativa como “una ley de persecución política” y destacó que la penalización se basa en testimonios de un vocero histórico de la CAM, lo que considera una muestra de la resistencia y la reivindicación de derechos políticos, territoriales, culturales y espirituales del pueblo mapuche.
“Lo que nos toca como defensa es intentar anular la condena a través de un recurso de nulidad que presentaremos en los próximos días, y tampoco descartamos la interposición de denuncias o recursos en sede internacional, puesto que creemos que allí ha habido una mejor recepción de este debate en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de garantías fundamentales”, sostuvo.
Además, la jurista no descaró la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para denunciar lo que consideran una vulneración de los derechos fundamentales de su defendido.
Finalmente, la abogada Ainardi subrayó la importancia de esta acción legal en el contexto de un Estado chileno que, en su opinión, presenta un carácter “racista y colonialista”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
