La solicitud se basa en el surgimiento de nuevos antecedentes -citados por los abogados defensores de Jadue- que cuestionan la veracidad de los testimonios clave y demostrarían que el exalcalde no tenía un control total sobre la gestión de la Achifarp.
Una nueva rebaja de cautelares busca la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por delitos de corrupción cometidos mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp) durante la pandemia de COVID-19.
El exjefe comunal había permanecido en prisión preventiva cerca de tres meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, hasta el 2 de septiembre pasado, cuando el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la medida, disponiendo, en cambio, arresto domiciliario total en su contra.
Ahora, de cara a su reformalización, su defensa está buscando que el militante comunista solo quede sujeto a firma quincenal o con arresto domiciliario nocturno de 12 horas.
La defensa de Jadue justificó su accionar con dos motivos; el tiempo transcurrido desde el establecimiento de las medidas cautelares y el surgimiento de nuevos antecedentes que “atenuarían considerablemente” la necesidad de estas.
Según La Tercera, los abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda han argumentado que la reunión entre los imputados, que según la Fiscalía ocurrió el 1 de julio de 2020 y fue presentada como clave para los delitos, no habría tenido lugar.
En un informe de Carabineros fechado el 24 de septiembre, se estableció que Óscar Orlando Doussang Jara, quien se mencionó como testigo clave en la reunión, no estaba en Recoleta en el momento señalado, lo mismo ocurre con César Ramírez, otro supuesto asistente de la cita.
Los abogados aseguran que los testimonios de Doussang y Ramírez se ven contradichos por evidencia objetiva, como el tráfico de llamadas y los metadatos de fotografías, y que la teoría de la reunión del 1 de julio de 2020 no sostiene ni siquiera el estándar mínimo para mantener una medida cautelar.
En cuanto a los contratos con Best Quality, los defensores de Jadue apuntan a que no fue el exalcalde quien se benefició de los pagos, sino la pareja del secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz.
Según las cartolas de Best Quality, Constanza Matus recibió transferencias por un total de $11.400.000, mientras que no existen registros de pagos a cuentas de Jadue.
Además, la defensa presentó un informe de Carabineros que analizó correos electrónicos de funcionarios municipales, indicando que el exalcalde no manejaba directamente Achifarp, sino que había otros terceros encargados de la gestión.
Los correos analizados, más de 250 en total, evidencian que las interacciones relacionadas con la gestión de Achifarp no involucraban directamente al exalcalde, quien solo estuvo presente en pocos correos, en su mayoría relacionados con solicitudes personales, como pedidos de empleo.
“De esos correos, solo cuatro son dirigidos directamente a Jadue y en otros 4 es copiado. Son, en general, asuntos no relacionados con la gestión de ACHIFARP, por ejemplo, personas pidiéndole trabajo”, argumentó la defensa.
Con estos nuevos elementos, los abogados insisten en que la interacción de Jadue con los aspectos administrativos y financieros de Achifarp era limitada, y que otros funcionarios de la asociación eran los encargados de gestionar las adquisiciones y pagos en cuestión. Esto último, también estaría ratificado por otras decenas de testimonios de la asociación, enfatizaron los abogados.
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