La defensa de la abogada solicitan arresto domiciliario total en lugar de la prisión preventiva, y cuestionan tanto el cálculo del perjuicio fiscal como las condiciones de su detención.
Esta tarde, la defensa de María Leonarda Villalobos, encabezada por los abogados Alejandra Borda y Esteban Olivares Escobar, presentó un recurso de apelación para revocar la prisión preventiva dictada en el contexto del Caso Audios, actualmente bajo investigación por el Ministerio Público.
En su apelación, la defensa argumenta que la medida de prisión preventiva no es necesaria y solicita que se le otorgue a Villalobos el arresto domiciliario total. Los abogados sostienen que su clienta no representa un peligro para la sociedad, la investigación ni el procedimiento judicial.
La defensa destaca el historial intachable de Villalobos, quien no tiene antecedentes criminales y no representa una amenaza material para la sociedad.
Además, subraya su significativa colaboración con la investigación, proporcionando información clave, incluyendo grabaciones, su celular, y permitiendo la apertura de cuentas. Este nivel de cooperación ha sido crucial para el avance del caso.
En cuanto a las acusaciones, la defensa niega que Villalobos haya cometido cohecho y afirma que no hubo daño fiscal. Argumenta que las acciones de la imputada estaban orientadas a acelerar el pago de impuestos sin modificar resoluciones del servicio ni obtener beneficios indebidos.
En relación con el delito tributario, cuestiona el cálculo del perjuicio fiscal realizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que asciende a 211 millones de pesos. Una revisión profesional realizada por la defensa estima el perjuicio en aproximadamente 140 millones de pesos, un monto que podría haber sido saldado mediante un convenio si se hubiera comprobado el daño.
La defensa también critica las condiciones penitenciarias en el centro de detención de San Miguel, donde se encuentra actualmente Villalobos, argumentando que no se comparan con las condiciones de los establecimientos especiales para hombres, en referencia de Capitán Yáber.
Sostienen que la falta de instalaciones adecuadas para mujeres en condiciones excepcionales perpetúa una forma de violencia institucionalizada.
Finalmente, la defensa considera que la prisión preventiva es desproporcionada y no está justificada. En su lugar, proponen medidas cautelares de menor intensidad, como el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional, para garantizar el cumplimiento de los fines del procedimiento sin recurrir a una medida tan severa.
