"Nos parece tranquilizador que la propuesta no implique vulnerar ni afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes", dijo Patricia Muñoz. El alcalde sostuvo que los funcionarios municipales serán capacitados por la Defensoría de la Niñez.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, aseguró que no se vulnerarán derechos fundamentales con la implementación del horario recomendado para menores.
Así lo anunció tras reunirse con alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en una instancia en la que discutieron cómo se aplicará la medida, que fue aprobada por los vecinos de ocho comunas del país.
Muñoz explicó que “lo que hemos conversado hoy día tiene que ver con una situación distinta de lo que se había anunciado antes. Estamos hablando de no a la imposición de una restricción, de no a la generación de una ordenanza que involucraría lo que nosotros sosteníamos infringía las funciones que estaban atribuidas a los municipios”.
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“Nos parece tranquilizador que la propuesta que ha definido el alcalde Lavín y quienes lo acompañan en esta iniciativa sea distinta y no implique vulnerar ni afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes“, comentó la Defensora.
También explicó que “no hay restricción horaria porque la restricción horaria implica una imposición normativa que no está planteada“.
Según el jefe comunal, la instancia consistirá en la entrega de volantes con información de seguridad y la recomendación de los horarios para los menores de edad.
Además, los funcionarios municipales serían capacitados, bajo la supervisión de la Defensoría de la Niñez.
“Una vez que esto entre en vigencia, funcionarios de seguridad ciudadana, que ya están recorriendo las calles en la noche como siempre lo hacen, en este caso si ven niños les van a entregar un volante diciéndoles ‘acuérdate que este es el horario límite recomendado’“, señaló.
El senador Alejandro Navarro, en tanto, llegó hasta la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad de la medida y sobre el uso de recursos públicos en la votación que la aprobó.
Al respecto, indicó que “una ordenanza municipal que pretenda restringir el desplazamiento de jóvenes en cualquier comuna es arbitraria e ilegal y queremos que la Contraloría así lo determine“.
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“Como se ha implementado una consulta para llevar adelante una iniciativa ilegal, le pedimos al contralor el inicio de un juicio de cuentas a fin que se determine cuánto dinero se ha gastado y que los alcaldes devuelvan a sus municipios el dinero entregado“, comentó.
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