“Valoramos el cierre de Ventanas, un paso necesario que nadie se atrevía a dar, pero la deuda del Estado (…) no se resuelve ahí, son 19 las empresas que siguen intoxicándoles y siguen sin respuestas”, sostuvo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Este jueves, la Defensoría de la Niñez envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de los más de 13 mil niños, niñas y adolescentes que viven en las comunas de Quintero y Puchuncaví, debido a los “constantes episodios de contaminación en la zona”.
“Valoramos el cierre de Ventanas, un paso necesario que nadie se atrevía a dar, pero la deuda del Estado (…) no se resuelve ahí, son 19 las empresas que siguen intoxicándoles y siguen sin respuestas. Confiamos en que la CIDH disponga medidas que les protejan”, dijo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
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En su solicitud a la CIDH, la defensoría detalló que solo durante este último mes, aproximadamente 400 NNA han sido afectados por los episodios de intoxicación a causa de la actividad industrial y minera de la zona.
Valoramos cierre de #Ventanas paso necesario que nadie se atrevía a dar, pero la deuda del Estado con los NNA de #Quintero y #Puchuncaví no se resuelve ahí, son 19 empresas que siguen intoxicándoles y siguen sin respuestas, confiamos en que @CIDH disponga medidas que les protejan https://t.co/VkI932EAyj
— Patty Muñoz García (@Pa__tty) June 23, 2022
“Siendo alumnos de los jardines infantiles, escuelas y colegios de las comunas, han debido suspender su asistencia a clases (…) han debido restringir el ejercicio de sus derechos por las resoluciones administrativas que así lo han dispuesto”, agregaron.
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Según la defensoría, la solicitud de medidas cautelares se fundamenta en la necesidad “de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los NNA como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, debido a la contaminación diaria del medio ambiente de las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y Ventanas”.
En esta línea, Muñoz afirmó que “dado que ya existe una sentencia de la Corte Suprema de 2019 al respecto, que aún no ha sido cumplida en su totalidad, con esta acción internacional buscamos que por fin el Estado de Chile despliegue todas las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, salud, educación, vida familiar, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de los NNA de la zona”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
