La iniciativa está siendo probada en seis regiones del país y busca que los defensores públicos puedan entregar su asesoría legal a las personas desde las primeras horas de su detención, no solo en casos de connotación pública. Un equipo de CNN Chile y CHV Noticias vio cómo se pone en práctica la nueva metodología, siguiendo el trabajo de una defensora pública de la comuna de La Florida.
La Defensoría Penal Pública ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que busca entregar ayuda oportuna a los detenidos en las unidades policiales, algo que en muchos casos no ocurre en la actualidad.
Se trata de un plan piloto que busca que los defensores públicos puedan entregar su asesoría legal a las personas desde las primeras horas de su detención, en todo tipo de delitos y no solo en casos de connotación pública. Hasta ahora, los defensores suelen tomar contacto con los detenidos en los momentos previos a la audiencia, limitándose el acceso a medios de prueba y también a testigos.
En palabras del Defensor Nacional (s), Marco Montero, el plan de la Defensoría Penal Pública “está respondiendo a un compromiso que el Estado de Chile sustrajo con organismos internacionales vinculados a los DD.HH. con ocasión de lo ocurrido a propósito del estallido social“, haciendo referencia a las detenciones y denuncias de abuso de fuerza por parte de los agentes policiales y del orden.
Precisamente, el rol de los defensores públicos durante el estallido social fue preponderante, ya que gran parte de los detenidos no podía costear un abogado particular. Más recientemente ocurrió con los primeros detenidos por la muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco.
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En aquel caso, los defensores solo estuvieron presentes en el inicio de la investigación que luego se vería afectada por un gran vuelco: los detenidos fueron dejados en libertad tras comprobarse que la bala que mató a la detective provenía de la institución.
La defensora local de la comuna de La Florida, Fernanda Figueroa, permitió al equipo periodístico acceder a su labor en el contexto de esta nueva metodología de trabajo. Al respecto, señaló que “generalmente, los defensores públicos veníamos a comisarías, pero en casos que eran emblemáticos o en el contexto del estallido social”, en cambio, manifestó, “no era común que existieran turnos diarios de lunes a domingo“.
La 50º Comisaría de San Joaquín es una de las unidades que conforman el plan piloto. Ahí Figueroa explicó que “antes nosotros nos entrevistábamos con los detenidos de forma previa, en una zona de tránsito, la zona de Gendarmería y ahí podíamos conversar respecto a lo que había ocurrido, pero el problema es que a veces no podíamos obtener los medios de prueba, ya que ellos se encontraban sin celular y no podíamos contactar inmediatamente a su familia”.
Al llegar directamente a las unidades policiales, ahora los abogados tienen más tiempo para recabar antecedentes, medios de prueba, testigos y videos que pueden ser claves para la defensa de un imputado. El plan piloto se ha hecho en alianza con Carabineros, que ha debido capacitar a su personal, con el fin de entregar la información que la defensora requiere de los detenidos.
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El equipo periodístico de CNN Chile y CHV Noticias pudo acceder al siguiente paso: la entrevista de la defensora con tres detenidos. En el calabozo de la Comisaría, la abogada hace las consultas de rigor sobre el contexto de la detención, los horarios y datos personales. El plan está funcionado en seis regiones, una de ellas la Región Metropolitana, donde comenzó hace un mes.
Respecto a las ventajas de esta modalidad, Figueroa confirmó que “una persona puede quedar sin medida cautelar alguna, en virtud de los antecedentes que nosotros presentemos en una audiencia, sin un arresto domiciliario total que podría extenderse durante un plazo de investigación de 45 a 60 días; eso ya no debería ocurrir”.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
