Los habitantes de la toma se opusieron argumentando que nunca se les presentó una orden para proceder con el desalojo. “Mostramos la documentación y pedimos que nos muestren una orden y no la hay. Trajimos abogados que presentaron un recurso de protección a la Defensoría de la Niñez porque también se están vulnerando derechos a niños que están aquí”, sostuvo una de las manifestantes.
Mediante maquinarias y la presencia de personal de Carabineros se inició el desalojó y demolición de las viviendas construidas en los terrenos ilegalmente ocupados en la denominada “Toma Vip” de Arica, ubicada en el humedal del Río Lluta.
Durante el procedimiento, varios de los habitantes de la toma se opusieron argumentando que nunca se les presentó una orden para proceder con el desalojo. Posteriormente, intentaron interrumpir el tránsito de las retroexcavadoras, por lo que Carabineros tuvo que intervenir y detener a algunas personas por uso de fuerza.
Esto trajo una serie de altercados, provocando que los manifestantes denunciaran la agresión a una de las integrantes de la toma.
Cabe recordar que el desalojo había empezado durante la tarde de este lunes, luego de que se destruyera el portón de entrada que “protegía” el lugar.
“No teníamos conocimiento de que los terrenos tienen dueño”, sostuvo una de las manifestantes, según consignó Meganoticias.
“Estamos apelando a que no pueden pasar a llevar a un dictamen de la Corte Suprema que está vigente, que no tiene ninguna orden, nadie ha sido notificado y nos están pasando a llevar”, agregó respecto a un proceso que tuvieron los dueños del recinto.
Parte de las quejas aludían en particular a la demolición de las casas, ya que argumentaban que varios de sus familiares continuaban al interior de las viviendas al momento del desalojo.
“Mostramos la documentación y pedimos que nos muestren una orden y no la hay. Trajimos abogados que presentaron un recurso de protección a la Defensoría de la Niñez porque también se están vulnerando derechos a niños que están aquí”, sostuvo la mujer.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
