Desde el Ministerio Público han argumentado que en el caso no cabe dentro de los preceptos de la legítima defensa, y que el acuso tenía "otras posibilidades para resguardas sus bienes". Los parlamentarios, en tanto, acusan que la Fiscalía de Valparaíso "debilita la única figura jurídica que le queda a los chilenos para proteger su vida y la de sus familias al interior de sus casas".
Los diputados de la UDI, Natalia Romero y Felipe Donoso, cuestionaron a la Fiscalía luego de que pidiera 15 años de cárcel para Mario Soto Cordones, ingeniero de Villa Alemana que mató a un intruso que entró a su casa para robar.
Según dicen los parlamentarios y la defensa de Soto, este actuó ejerciendo su legítima defensa. Sin embargo, desde el órgano persecutor han apuntado a que el caso no cabe dentro de dichos supuestos.
“El Ministerio Público de Valparaíso está debilitando la única figura jurídica que le queda a los chilenos para proteger su vida y la de sus familias al interior de sus casas”, reclamaron los gremialistas.
A su juicio, el “descriterio es total, ya no solo los chilenos debemos encerrarnos temprano para que nos asalten, sino que más encima nos entran a robar, nos defendemos y la Fiscalía pide cárcel”.
En ese sentido, apelaron al fiscal nacional Ángel Valencia para que diga cuál será la “doctrina Valencia” en torno a la legítima defensa: “Con estas decisiones adoptadas por sus subalternos dejan abierta la posibilidad de que entren a robar o a violar a tu casa, ya que para la Fiscalía el delincuente es una víctima, y los vecinos de bien y de buena voluntad unos criminales”.
Romero y Donoso dijeron esperar que Fiscalía pueda rectificar su decisión.
Fue durante la madrugada del 1 de enero de 2022, tras una celebración de Año Nuevo, cuando Mario Soto se percató que un sujeto había ingresado vía escalamiento a su domicilio en Villa Alemana (Región de Valparaíso) con la intención de robar.
De acuerdo al relato del hombre, estaba durmiendo cuando su esposa lo despertó diciéndole que una persona había entrado a la casa. Por ello, sacó su arma de fuego debidamente inscrita y bajó al primer piso, topándose con el intruso y disparándole en varias ocasiones, provocándole la muerte de Benjamín Pizarro Aros (25).
La acusación de la Fiscalía señala que Soto disparó cinco veces al delincuente, que recibió los impactos mientras escapaba. Pizarro falleció a causa de un traumatismo torácico abdominal. El Ministerio Público pide 15 años de cárcel por el crimen.
Este viernes 3 de mayo comenzó el juicio contra Mario Soto. En la instancia, el fiscal Sergio Morales comentó que se trata de un “caso incómodo” porque no es típico de los homicidios.
“Genera cierta incomodidad para el Ministerio Público cuando decimos que una víctima entra a robar a un domicilio. Todos, o la mayoría, hemos sufrido el robo de nuestras casas y de nuestras especies y, claramente, el enojo principal de las víctimas contra los imputados que agreden o sustraen especies de nuestra casa ocasiona un temor y una rabia que es normal y es aceptable”, aclaró.
Sin embargo, el persecutor comentó que la reacción, “que es normal de defensa, se trastoca en una acción homicida. Don Mario tenía la posibilidad de desplegar una defensa, pero no una defensa como la que realiza ese día en la madrugada disparando al señor en cinco oportunidades”.
“Entendemos que no es legítima defensa porque había otras posibilidades para resguardar sus bienes. La persona que ingresa al domicilio solamente llevaba una especie en sus manos, no había constancia que estuviera saqueando o ingresado otro tipo de personas. No era necesario enfrentar a esta persona y no era necesario darle cinco disparos por la espalada”, añadió.
En medio de la audiencia, el abogado defensor Cristian Canifrou solicitó que su representado sea absuelto en el caso.
En un principio, Mario Soto se mantuvo con arresto domiciliario y luego estuvo con arraigo. De acuerdo al abogado, quedó sin trabajo luego de que le dictaran las medidas cautelares.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
