La Corte Suprema detalla que entre los principales delitos por los que los detenidos han quedado con la medida cautelar son por robo en lugar no habitado, robo con intimidación y tráfico ilícito de drogas y robo con violencia.
Desde el 18 de octubre, día en que se expandieron las manifestaciones por el descontento social en el país, hasta este 7 de noviembre, se han realizado 13.703 audiencias de control de detención (ACD), con un total de 22.256 imputados.
Así lo indica un informe desarrollado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, consignado por La Tercera, y que muestra la “sobrecarga” de los juzgados de Garantía desde el inicio del estallido social.
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La mayor parte de las audiencias han tenido lugar en las zonas bajo jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago (2.546), seguida por Valparaíso (1.917), San Miguel (1.673) y Concepción (1.044).
El 7% de los imputados se encuentran en prisión preventiva. Entre los delitos más frecuentes por los que se decretó la medida cautelar son el robo en lugar no habitado (17%), robo con intimidación (10%), receptación (7%), tráfico ilícito de drogas (6%), robo con violencia (6%) y robo en lugar habitado (5%).
A la vez, durante estas semanas los jueces de Garantía han declarado ilegal la detención contra 977 personas, lo que representa un 4,4% del total, cifra que revela una considerable alza respecto a la proporción habitual: entre 2010 y junio 2018 solo el 0,8% de las aprehensiones han sido declaradas ilegales.
“Es un porcentaje mayor al habitual. Normalmente no llega al 1 por ciento de las personas detenidas, ahora es casi cuatro veces más. Significa que el control ha sido más intenso, más estricto”, destacó al citado medio el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.
La autoridad reconoce que se trata de “detenciones que muchas veces se hacen por grupo, atendida la dinámica de las circunstancias y después el juez debe examinar uno por uno y contrastando con los antecedentes que le da la policía”.
El informe detalla que la mayor cantidad de detenciones ilegales se registraron el 20 y 21 de octubre, fechas en las que el 10% del total de los casos se declaró ilegal su arresto.
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