La parlamentaria del PS envió una carta a Jorge Abbott con el fin de poder "revisar el uso que se le está dando a esta medida por consideraciones humanitarias", atendiendo también a las fechas que se celebran estos días.
La diputada Maya Fernández (PS) ingresó una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott con el fin de revisar la aplicación de prisión preventiva a personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social.
Mediante una misiva, la presidenta de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados expresó su preocupación e indicó que “el uso que se hace de la prisión preventiva puede ser visto como abusivo cuando no se usa con criterio de proporcionalidad”, por lo que “si empieza a ser percibida como un castigo deja de cumplir su rol en el proceso penal”.
“Esto no ayuda a superar el malestar que han motivado las protestas sociales desde octubre de 2019“, añadió la parlamentaria.
Lee también: “Es una señal de impunidad”: Senador Pizarro rechaza el proyecto de indulto a los presos del estallido social
Así, Fernández solicitó a Abbott “revisar el uso que se le está dando a esta medida por consideraciones humanitarias, en estas fechas creo que esos gestos humanos ayudan a la convivencia nacional”.
Además de la carta, la diputada socialista explicó que con esto no busca “afectar el proceso judicial”, pero que de todas formas estima que “hay que ver qué está pasando con lo prolongado que ha sido la prisión preventiva en algunos casos”.
“La violencia daña la movilización social, la destrucción de la infraestructura pública y privada produce miedo en la población, por ello la condeno. Pero así mismo, la gravedad de las violaciones a los derechos humanos acontecidas en el marco del estallido social han producido desconfianza ciudadana en las instituciones y su actuar, lo que resulta en un daño importante para la convivencia nacional y nuestra democracia”, concluyó la diputada.
Lee también: ¿Son presos políticos las personas detenidas tras el 18-O?
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
