Las parlamentarias calificaron el incidente como de “máxima gravedad” y solicitaron la presencia de las ministras del Interior y de Defensa para discutir la vulnerabilidad en los pasos fronterizos del norte del país.
Las diputadas Camila Flores y Gloria Naveillán, presidentas de las comisiones de Defensa y Seguridad de la Cámara Baja, anunciaron que solicitarán una sesión especial conjunta para abordar el ataque y robo a un funcionario del Ejército en la frontera con Bolivia, ocurrida durante este domingo en Colchane.
Las parlamentarias calificaron el incidente como de “máxima gravedad” y pidieron la presencia de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, para discutir el problema de la vulnerabilidad en los pasos fronterizos del norte del país.
El ataque ocurrió cuando inmigrantes, supuestamente de nacionalidad boliviana, agredieron al militar que custodiaba la frontera, le robaron su arma de servicio y atacaron a otro militar que acudió a prestar auxilio. Este hecho ha generado preocupación por la efectividad del estado de excepción Constitucional en la macrozona norte.
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Flores, presidenta de la Comisión de Defensa, expresó su inquietud sobre la situación, cuestionando capacidad de las autoridades para manejar este tipo de incidentes.
“Queremos saber qué está pasando en la frontera norte del país y si realmente el estado de excepción está funcionando”, señaló la parlamentaria, añadiendo que también se discutirá la cantidad de casos similares que podrían estar ocurriendo sin ser reportados.
Por su parte, Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el incidente no haya sido un caso aislado.
Y en ese sentido, la diputada destacó que la migración ilegal en la frontera norte de Chile continúa y la presencia militar no ha sido suficiente para detenerla.
“Exigimos al Gobierno de Chile acciones urgentes para evitar de una vez por todo el grave riesgo que supone la migración ilegal para nuestro país”, señaló.
Las diputadas también solicitarán información sobre la cantidad y características de los delitos en la zona, así como sobre las acciones tomadas para perseguir a los responsables y el porcentaje de casos que quedan impunes.
