De acuerdo al documento, la razón de la querella se basa en su Declaración Jurada de Intereses y Patrimonio, donde habría cometido perjurio tras reconocer una deuda de $27 millones con el Banco Scotiabank por concepto de tratamientos de quimioterapia contra el Cáncer.
Tras la revelación del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien aseguró que no padecía cáncer, el diputado Tomás Fuentes (RN) y la candidata a diputada por el distrito 13, Susana Hiplan (RN), presentaron una querella por perjurio contra el convencional.
Esto ocurre basándose en el artículo 210 del Código Penal, que establece que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
Para el parlamentario, “lo que hizo Rodrigo Rojas Vade no fue solo un error, es mucho más que eso, es un engaño que duró 8 años. Un montaje que atenta contra la fe y la probidad pública“.
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Ante eso, aseguró que “esta querella se funda en la obligación que tienen todas personas elegidas para ejercer cargos públicos, que incluye a los convencionales constituyentes, que supone respetar el principio de probidad en todas sus actuaciones, tal como lo indica la Constitución en el artículo 8″.
Según el documento presentado por Tomás Fuentes, la querella se funda en el hecho que “en su Declaración Jurada de Intereses y Patrimonio -emitida con fecha de 2 de agosto- cometió perjurio en tanto que reconoció una deuda de $27.000.000 con el Banco Scotiabank por concepto de tratamientos de quimioterapia contra el Cáncer”.
“Sostenemos que Rojas cometió perjurio, es decir, juramento en falso, porque la Ley le da a la Declaración de Intereses y Patrimonio el carácter de jurada para todos los efectos legales”, explicó Susana Hiplan.
Además, manifestó que “el perjurio es un delito contra la fe pública y todos los ciudadanos somos víctimas de ellos, en especial los electores de nuestro distrito 13”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
