El parlamentario del Frente Amplio aseguró que "el SEA trabaja como un órgano subordinado al Ejecutivo y que depende de los favores de los gobiernos de turno en función de los proyectos pro inversión".
Este lunes el Servicio de Evaluación Ambiental informó que decidió rechazar el recurso de reclamación presentado por vecinos de la comuna de Río Verde, representados por Diego Lillo y Ezio Costa, que buscaba prohibir la realización de tronaduras en la operación de Mina Invierno -ex Isla Riesco- en la Región de Magallanes.
Tras esta resolución, ahora se abre un plazo de 30 días para apelar al fallo ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
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Al respecto desde el Congreso Nacional, el diputado del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez, comentó a CNN Chile que suceden dos asuntos fundamentales: que la matriz energética chilena tiene material de sobra para terminar con las termoeléctricas a carbón, haciendo referencia a lo que sucede en Quintero y Puchuncaví con cuatro termoeléctricas que emiten material particulado al aire, con arsénico y óxido de azufre que hacen que las personas tengan síntomas de intoxicación.
Lo otro es que el Estado de Chile mediante la ratificación del Protocolo de París se comprometió mundialmente a descarbonizar su matriz productiva y energética y lo que se aprobó en Isla Riesco va en contra de este principio internacional para detener el cambio climático.
Contaminación en Quintero
El Servicio de Evaluación Ambiental
Ibáñez explicó que el SEA se encarga de aprobar o no proyectos que tienen un impacto ambiental. “En particular este proyecto en Isla Riesco tiene a 5 mineras, fue una de ellas, la Mina Invierno la que solicitó usar tronaduras para extraer carbón”, detalló.
“Dicho material es de bajo contenido energético entonces necesita mucha quema, polución y emisión de contaminantes para obtener lo que hoy día la empresa ha señalado como su piso mínimo para tener rentabilidad”, indicó el parlamentario.
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La empresa dice que si no tienen tronaduras no tienen rentabilidad y tendrían que despedir a sus trabajadores y este proyecto no podría prosperar.
¿Se critica el uso de tronaduras o que se extraiga carbón?
El diputado de Movimiento Autonomista explicó que el peligro es trabajar con carbón. Lo que señala el Protocolo de París es que el trabajo en base a este tipo de hidrocarburo es uno de los más contaminantes del mundo.
“Hoy en los países OCDE va en retroceso brutal, en el mundo no se tolera que las comunidades estén expuestas y menos una zona que está al lado de la Reserva Nacional Alacalufe y de una pingüinera“, mencionó.
Ibáñez aclaró que “el problema es el trabajo con carbón y por otro lado un débil Servicio de Evaluación Ambiental que trabaja como un órgano subordinado al Ejecutivo y que depende de los favores de los gobiernos de turno en función de los proyectos pro inversión, en vez de escuchar a las comunidades”.
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“Hay una normativa ambiental en Chile que es extremadamente permisiva, en Quintero hay dos termoeléctricas antiguas que no funcionan con tecnología adecuada en función de estándares OCDE. Estas son justamente las que actualmente generan una gran contaminación”. “En Chile se invierte porque la ley lo permite, porque es un negocio muy rentable“, dijo.
Extractivismo: Un negocio conveniente
El parlamentario del Frente Amplio señaló que el extractivismo en Chile es rentable porque las empresas invierten poco a la hora de evitar los impactos. “Eso ocurre por ejemplo en Quintero y Puchuncavi donde existe un lobby gigantesco de parte de los grandes capitales que invierten en que no se actualice la norma y así no tengan que invertir en modernizar sus sistemas de extracción“.
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Los caminos tienen dos partes: administrativa y judicial. “Lo que vemos es el fin de una etapa administrativa que es la gran derrota de Chile en materia medio ambiental donde el SEA no garantiza la participación de la comunidad y que los estándares técnicos den cuenta de la realidad”, explicó.
El diputado anunció que “llevaremos esto a tribunales ambientales para que vean si la resolución del SEA, cuyos principales directorios hoy en día están nombrados por el Presidente de la República, cumple con los criterios de la jurisprudencia ambiental que en Chile aplica desde 2012“.
Mira las declaraciones del parlamentario de Movimiento Autonomista en el video adjunto.