El parlamentario señaló que "estas amenazas, al parecer, provienen de mis últimas declaraciones públicas respecto de la querella criminal que presenté contra el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, en donde critiqué arduamente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público".
El diputado independiente Leónidas Romero acusó este jueves que recientemente ha recibido llamados telefónicos con “amenazas graves y preocupantes” de atentar contra su integridad y la de su familia.
De acuerdo al parlamentario, las amenazas comenzaron luego de la denuncia que ingresó en contra del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz.
Dicha querella fue interpuesta el 14 de julio pasado por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, detrimento del patrimonio fiscal y graves vulneraciones de la probidad administrativa.
“Estas amenazas, al parecer, provienen de mis últimas declaraciones públicas respecto de la querella criminal que presenté contra el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, en donde critiqué arduamente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público, extendiendo dicho malestar a la atención por parte de la Fiscal a cargo de dicha investigación y el eventual conflicto de interés que pudiere existir entre el querellado y el Consejo de Defensa del Estado”, dijo.
“Más sorpresa me llevé cuando el abogado patrocinante en dicha querella criminal, me informa que igualmente ha recibido los mismos llamados telefónicos, con amenazas verosímiles de agresión tanto a su persona como a la de su familia, existiendo incluso una amenaza de no seguir ejerciendo más el derecho en caso de seguir con la tramitación de la presente acción penal”, añadió.
Romero concluyó que “solo queda lamentar el accionar de estos ‘delincuentes’, ya que, no tienen otro nombre, es impresentable que ante las múltiples denuncias que hemos realizado, lo cual es parte de mi labor como parlamentario, se vea expuesta nuestra integridad y la de nuestros seres queridos”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
