La iniciativa pretende ser una ayuda para las familias que enfrentan las consecuencias de la crisis económica por el COVID-19, y apunta además a que "el costo de la vida se ha encarecido, y los gastos que antes se realizaban con normalidad, hoy no se pueden costear de la misma forma".
Con el fin de hacer frente a la crisis económica desencadenada por la pandemia del COVID-19, parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), encabezados por el diputado Miguel Ángel Calisto, ingresaron a la Cámara una reforma constitucional que busca suspender durante un año la aplicación del impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diesel, establecidos en la ley n°18.502.
La reforma que fue firmada por los diputados Jorge Sabag (DC), Luis Rocafull (PS) y Leonidas Romero (UDI), plantea que “el Gobierno no ha sido capaz de entregar ayudas económicas suficientes que permitan afrontar con dignidad la pérdida de empleos y la nula oportunidad de encontrar trabajo; el costo de la vida se ha encarecido, y los gastos que antes se realizaban con normalidad, hoy no se pueden costear de la misma forma“.
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Por tanto, según considera el parlamentario Calisto, “entre los gastos que las familias han tenido que evaluar y postergar, se encuentra sin duda el de los combustibles, en un momento en que todos quienes cuentan con un vehículo optan por trasladarse en ellos para evitar contagios en el transporte público”.
“Por lo tanto, la incidencia que este ítem tiene en el presupuesto mensual familiar ha aumentado, y va en directa relación con la necesidad de cuidarse y no exponerse al virus, más que un gasto superfluo impulsado por la búsqueda de comodidad”, asegura.
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Sumado a lo anterior, destaca que “los vehículos no sólo se están utilizando para traslados particulares, sino que también como parte de miles de emprendimientos a nivel país, muchos de ellos impulsados por mujeres que han perdido sus trabajos y han visto en estos emprendimientos la forma de sustentar sus hogares”.
En base a dichos argumentos, Calisto explica que esperan un apoyo transversal a esta reforma constitucional al interior del Congreso.
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