Diputados proponen castración química para delitos sexuales: Esto es lo que se sabe del proyecto

En medio de los casos de abuso sexual y violación que se han dado a conocer, los diputados independientes Rubén Oyarzo y Tomás Lagomarsino anunciaron un proyecto de ley que busca facultar la castración química para quienes cometan estos delitos sexuales.

En ese contexto, el diputado Oyarzo señaló: “Hemos trabajado un proyecto de ley que faculta a un juez para otorgar medicamentos farmacológicos que inhiben sexualmente”.

Esta iniciativa de los parlamentarios propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal, que indicaría lo siguiente:

“Para los delitos establecidos en este título, el juez podrá disponer de tratamientos psiquiátricos y psicológicos, pudiendo, en caso de reincidencia o en casos graves, y previa evaluación de un experto, ordenar la realización de procedimientos farmacológicos o médicos para el control e inhibición de impulsos sexuales. Esta medida también podrá ser solicitada de forma voluntaria por el agresor, sin embargo, deberá contar con un informe médico y psiquiátrico que avale dicha solicitud”.

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En el proyecto, los legisladores argumentaron que estos procedimientos son utilizados en países desarrollados como un “mecanismo para la disuasión, prevención y sanción de delitos sexuales, cuestión que nuestra legislación no contempla”.

“Este tipo de procedimientos, que se emplean para tratar a delincuentes sexuales, muchas veces van de la mano con un acompañamiento psicológico. Su finalidad es reducir el deseo sexual y puede administrarse mediante inyecciones o pastillas”, señalaron en la iniciativa.

Origen del proyecto

El caso de Gisèle Pélicot ha conmovido al mundo. En territorio nacional, específicamente en Chillán, en la Región del Ñuble, un profesor de matemáticas creó una red de pedofilia para cometer diversos delitos sexuales en contra de su propia hijastra, desde que esta tenía ocho años hasta los 17.

En ese sentido, el diputado Oyarzo reiteró: “Estamos hablando de una castración química, pero que debe ser otorgada por un juez o solicitada voluntariamente por el agresor. Creo que esta discusión debe darse, porque no podemos permitir que lo que ocurrió en Ñuble vuelva a suceder. Es horroroso”.