"Estamos frente a un grave peligro", advirtieron los parlamentarios Álvaro Carter y Osvaldo Urrutia. Por lo mismo, le piden al gobierno patrocinar el proyecto de ley y así evitar los "fines ilícitos que causen perjuicio a la sociedad".
(Agencia UNO) – Tras la seguidilla de balaceras ocurridas en la Región Metropolitana (RM) y en el marco de la “agenda antinarcos”, los diputados UDI, Álvaro Carter y Osvaldo Urrutia, anunciaron el ingreso de un nuevo proyecto de ley que busca sancionar el uso de impresoras 3D para la fabricación de armas de fuego.
“Las impresoras 3D permiten la impresión de cualquier objeto tangible que se conciba y pueda ser modelado en un software. Así las cosas, es absolutamente posible utilizar esta tecnología con fines ilícitos que causen perjuicio a la sociedad, como lo es, por ejemplo, la impresión de armas 3D”, señala el proyecto de ley.
En esa línea, ambos diputados recordaron que en 2018 se alcanzó un acuerdo en Estados Unidos para la comercialización de manuales que permitían la impresión casera de armas de fuego, el que actualmente se encuentra suspendido a la espera de un pronunciamiento de la justicia.
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Por lo mismo, Carter y Urrutia sostuvieron que “como sabemos que los delincuentes y grupos de narcotráfico siempre se las están ingeniando a la hora de actuar, nosotros como Estado tenemos que ser capaces de anticiparnos a ellos e ir regulando cualquier tipo de vacío que pueda existir en nuestra legislación”.
En la misma línea, añadieron que “todos sabemos los alcances que tienen las impresoras 3D y que cada día son más masivas en nuestro país. Y hoy ya no es un argumento para no legislar el elevado valor que tienen estos productos, porque sabemos que los grupos de delincuentes y narcos manejan muchos recursos”, añadieron.
Los legisladores de la UDI sentenciaron que “por eso decidimos presentar este proyecto y pedirle al gobierno que lo pueda patrocinar, porque estamos frente a un grave peligro si consideramos incluso que estas armas 3D ni siquiera tienen un número de serie”.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
