Desde la bancada de Renovación Nacional solilcitaron formalmente al Consejo de Defensa del Estado revisar las acciones del Gobierno en torno a la compra de las residencias de ambos expresidentes, un proceso que según el Gobierno está "en curso".
Continúan los cuestionamientos por parte de la oposición a raíz del anuncio el Gobierno de comprar las residencias de los expresidentes de Chile Patricio Aylwin y Salvador Allende, de manera tal que puedan ser convertidas en casas-museo.
Por un lado las críticas apuntan a los montos destinados a ambos domicilios, en gestiones que lleva adelante Bienes Nacionales. Mientras la vivienda de Allende sería pagada en cerca de $933 millones, la de Aylwin costaría unos $1.300 millones.
Pero los principales cuestionamientos surgieron porque la casa de Allende sería comprada a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y a su hermano Alejandro. La residencia de Guardia Vieja 392, Providencia, había sido comprada previamente por ambos hermanos a su tía, la senadora Isabel Allende Bussi, por lo que son copropietarios de esta desde 1998.
Desde el Gobierno expresaron que el proceso estaba “en curso”, por lo que aún no estaba ejecutado.
“Lo que se anunció es la adquisición de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende, como parte de un ejercicio de conservación patrimonial”, afirmó la vocera subrogante Aysén Etcheverry en Radio Duna. “Estas son casas que tienen un valor histórico y el objetivo es que se transformen en casas museo, como una forma de resguardar el patrimonio intangible e histórico”.
Entre las distintas críticas que ha concitado la noticia, un grupo de diputados de Renovación Nacional solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigar este caso y si existe sobrepecio en la adquisición.
En la acción participaron las y los parlamentarios Ximena Ossandón, Hugo Rey, Miguel Becker, Camila Flores, Frank Sauerbaum y José Miguel Castro.
En el oficio los diputados de RN plantean que no solo podría haber un potencial perjuicio al patrimonio estatal, sino también conflicto de interés asociado.
En el escrito expresan que si se considera que el inmueble fue adquirida por $500 mil, “aún aplicando criterios de reajustes estrictos, es notorio que la ministra y su hermano obtienen una ganancia inconmensurablemente superio al monto que desembolsaron”.
A ello agregan que, tal y como lo explicita el artículo 37 bis de la Constitución, está prohibido que ministros celebren contratos con el Estado, incluyendo contextos de copropiedad.
En ese sentido, la diputada Ossandón, jefa de la bancada, aseguró que “los precios que se pagan parecen exceder en mucho los valores de mercado, y de ahí que el CDE debe seguir su mandato de resguardo del patrimonio público, informando si en la especie hay un sobreprecio que perjudique el interés fiscal”.
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