Empresas, corporaciones, servicios nacionales, entre otras entidades colectivas fueron sancionadas y multadas por la Dirección del Trabajo (DT). De las 16 sentencias condenatorias, en 12 de ellas la DT jugó un rol activo al investigar las denuncias, comprobarlas y luego elevarlas a los tribunales de justicia.
La Dirección del Trabajo (DT) divulgó lista de las 16 condenas aplicadas por los tribunales del trabajo a lo largo del país, a empresas por prácticas antisindicales o desleales, durante el primer semestre del 2022.
Esta nómina fue revelada este martes por la DT, organismo responsable de incluirlas en un registro semanal y divulgarlas públicamente según lo indica el artículo 294 bis del Código del Trabajo.
En cuanto a las cifras de años anteriores, se registró que durante el último semestre del 2021, hubo 17 denuncias por los mismas razones.
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Según el director del Trabajo, Pablo Zenteno, “las prácticas antisindicales son absolutamente repudiables pues atentan contra uno de los derechos fundamentales clave de la legislación laboral, que es el de la libertad sindical o, dicho de otra forma, el derecho de trabajadores y trabajadoras a agruparse colectivamente en una organización formal que vele por sus intereses”.
Un punto a destacar de estas denuncias, es que en 12 de las 16 sentencias condenatorias, la DT jugó un rol activo al investigar las denuncias, comprobarlas y luego elevarlas a los tribunales de justicia.
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Esto se condice con sus prioridades estratégicas, ya que según Zenteno, la misión de la DT no se reduce solo a defender a los trabajadores y trabajadoras exclusivamente frente a vulneraciones de derechos individuales, sino que también vela porque las organizaciones sindicales “cumplan sin obstáculos de ningún tipo su trascendental rol en defensa de los derechos de sus afiliadas y afiliado“.
En cuanto a las sentencias condenatorias, estas implicaron la aplicación de multas por un total de 1860 unidades tributarias mensuales (que con el valor de julio, suman $108.341.280). Sin embargo la sanción más perjudicial cobra efecto gracias a la ley 19.886, con la cual las empresas condenadas quedan excluidas durante dos años como proveedoras del sistema de compras públicas del Estado.
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