La iniciativa se votará en general a fines de julio en la Cámara. Impulsores del proyecto que permitirá solicitar la muerte digna en dos causales ya comenzaron a coordinar a la oposición para aprobarlo.
Este 31 de julio se vota en general en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca permitir la muerte digna o eutanasia.
El diputado del PS, Juan Luis Castro, destacó el avance de la tramitación como un “hito significativo” por la discusión que comenzará a darse en la Cámara.
“Partimos de la base que este texto que lleva cuatro años de ingresado, pero que ahora, en dos meses, hemos dado los pasos suficientes para poder ir a la votación en particular el mes de agosto”, precisó el parlamentario.
Es la intervención que, tras una decisión por voluntad propia, permite que un paciente acelere su muerte con el objetivo de evitar que siga sufriendo.
Busca modificar diferentes artículos de la ley 20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Ello para regular diferentes escenarios con el fin de evitar la prolongación artificial de la propia vida y de no padecer males o dolores innecesarios.
La primera modificación a dicha ley añade al artículo 5 que se debe “respetar y hacer cumplir la voluntad del paciente debidamente expresada en la forma y los casos que establece esta ley.
La ley actual afirma, por ejemplo, que las personas diagnosticadas en estado terminal pueden rechazar los tratamientos sugeridos para no prolongar su vida. Sin embargo, el paciente no puede rechazar el tratamiento con el fin de “acelerar artificialmente” la muerte.
Así, el proyecto propone eliminar esa parte del artículo que impide la “aceleración artificial del proceso de muerte”.
Según la moción, la eutanasia se podrá pedir en dos causales: personas en estado terminal o que tengan un sufrimiento “constante e insoportable” producto de una patología, lesión o condición incurable.
Para que puedan acceder a aquello, necesitarán:
Tras ello, el médico que trata el paciente está facultado a no iniciar o interrumpir el tratamiento, o bien a “provocarle directamente la muerte de acuerdo a los procedimientos que autoriza esta ley”.
Eso sí, los médicos están obligados a informarle al paciente qué cuidados paliativos existen al momento de un diagnóstico.
El médico que ejecute la eutanasia no tendrá la pena prevista en el articulo 393 del Código Penal al terminar la vida de un paciente, según el proyecto.
En el caso de que el estado de salud del paciente no le permita expresar claramente su voluntad, podrá servir un testamento que diga claramente que se le debe aplicar la eutanasia en dicho escenario.
Ese último punto no será válido en el caso de menores de edad.
La eutanasia nuevamente tiene nuevamente la chance de avanzar en su trámite consitucional, recordando que antes hubo cinco intentos que no llegaron más allá de la primera votación:
Y el proyecto que tendrá esta nueva oportunidad fue presentado el 9 de octubre de 2014 impulsado por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.
Año 2015, la situación de Valentina Maureira conmocionó al país: la adolescente emplazó al Gobierno y pidió una inyección para “dormir para siempre”.
Luego de haber estado internada durante tres meses, la menor diagnosticada con fibrosis quística falleció. Había combatido contra la enfermedad por casi 14 años.
En febrero de este año el debate volvió a cobrar fuerza con un nuevo caso: Paula Díaz, una joven de 19 años, sufre de dolores y rigidez extrema. No tiene diagnóstico al respecto.
El desesperado llamado al Gobierno fue similar al de Valentina: “Que me de descanso, por favor, ya no puedo esperar otro día“, pidió la joven de Talca a Michelle Bachelet.
“Todos estos años han sido una pesadilla”, dijo su hermana a CNN Chile.
En entrevista con Informe Especial, Paula pidió tomar el tema “con la mayor seriedad y respeto posible” y que “la ley salga luego”.
El diputado Vlado Mirosevic respalda la iniciativa apelando al derecho a la libertad individual. “Nuestra actual legislación es tiránica y profundamente inhumana que no tiene compasión con aquellos pacientes que se les impide morir dignamente”, señaló el parlamentario a mediados de abril.
Anteriormente en 2015, en ocasión del rechazo en el Senado a la idea de legislar en la materia, criticó que “un grupo de senadores conversadores no pueden imponerle a una persona que tenga una determinada posición con su propia vida”.
Es justamente esa una de las consideraciones contenida en el texto de la moción que se votará:
“En un Estado laico de Derecho, en ningún caso pueden esgrimirse consideraciones dogmatico-valóricas que encuentran fundamento en consideraciones de orden trascendentes para afectar los derechos y libertades de las personas. Esto es así no sólo porque cualquier recurso a argumentos de autoridad que acuden a una deidad se opone a la idea de democracia deliberativa consagrada en la Constitución misma (artículo 4 de la Constitución), sino que además porque no hay mayor tiranía que aquella que prolonga innecesariamente una larga y dolorosa agonía en razón de que el término de la vida del agonizante que sufre entra en contradicción con las concepciones personales de otro”, dicta el punto 9.
Además, anunció que iniciarán la coordinación para tener todos los votos de la oposición.
Parlamentarios de Renovación Nacional presentaron su propio proyecto para legalizar la eutanasia.
A diferencia de la que se votará, busca establecer una “ley autónoma” y es más acotada que la que reimpulsó el Frente Amplio: sólo contempla casos de enfermedades letales y a dolor físico insoportable, pero no incluye casos de personas con enfermedades psíquicas.
Pero en RN no hay concenso. Diputados como Diego Schalper o Miguel Mellado han manifestado su postura en contra de legislar en la materia.
“Estoy en completo desacuerdo con la eutanasia y que los hijos maten a los padres,si ya crearon la posibilidad con el aborto de que los padres maten a los hijos. Ahí no está el punto. El punto está en sacar al país del tsunami social en que lo dejó el Gobierno de Bachelet y levantarlo definitivamente”, dijo este último a Cooperativa.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
