Desde Chile, las familias han pedido ayuda al gobierno de turno.
Luego de haber pasado siete meses en la cárcel de Sungai Buloh por la presunta participación de un homicidio, dos jóvenes chilenos arriesgan morir en la horca en Malasia.
Según consigna Biobiochile, lo anterior se decidirá en el juicio que se iniciará el 29 de mayo próximo y mientras, las familias piden ayuda al gobierno chileno.
Los chilenos corresponden a los estudiantes universitarios Fernando Candia y Felipe Osiadacz, quienes se vieron envueltos en un confuso incidente que terminó con un fallecido, mientras recorrían ese país.
En todo el mundo son conocidas las estrictas sanciones que imponen en Malasia, donde incluso anteriores acusados han muerto en la horca a vista y paciencia de la ciudadanía en alguna plaza pública. En esta nación la pena de muerte es legal y hasta común.
Un boliviano ya está condenado a esta pena de muerte y la administración de Evo Morales se encuentra gestionando una salida.
Según consignó Death Penalty Worldwide, organismo ligado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, una persona también puede ser sentenciada a pena capital por crímenes relacionados al terrorismo, robo, asalto, y secuestro, aunque ninguno de ellos haya acabado con la vida de alguien.
Nuestro medio asociado informó que el director general de Asuntos Consulares e Inmigración, Raúl Sanhueza, dijo que en el caso de los dos universitarios chilenos, el Gobierno está prestando asistencia.
El padre de Felipe, Fernando, fue recibido en octubre de 2017 por el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. De acuerdo a las explicaciones que entregó el padre de Osiadacz, su hijo “está acusado de homicidio, sin considerar que fue una muerte accidental, en circunstancias que él fue la persona agredida y sólo trató de inmovilizar a su agresor”.
La situación es preocupante porque las gestiones realizadas desde Cancillería (cartas de apelación), han sido todas rechazadas.
Foto: La Tercera.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
