Un sumario interno del Minsal determinó que el flamante subsecretario de Redes Asistenciales es responsable de un importante "retraso en la construcción de casi toda la infraestructura en salud" entre 2011 y 2014, infringiendo principios de probidad y jerarquía de actos, entre otros.
Al gobierno le ha llovido sobremojado estas últimas semanas. Tras la estrepitosa salida del recién asumido Mauricio Rojas del Ministerio de Cultura, los dardos ahora apuntan a Luis Castillo, el médico cirujano que reemplazó a Gloria Burgos en la Subsecretaría de Redes Asistenciales durante el cambio de gabinete de la semana pasada.
Aunque con menos bombo que las polémicas de Rojas, Castillo también fue criticado tras asumir el cargo. Y no sólo por el caso de cohecho y malversación de fondos en el Hospital de Rancagua (donde estuvo involucrada OAS, la constructora involucrada en el mayor escándalo de corrupción de Sudamérica de los últimos años), sino también -y sobre todo- por su vínculo en la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva en 1982.
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Este último punto es el que tiene a Castillo en el ojo del huracán. El lunes 13, la directiva de la Democracia Cristiana (DC) llegó hasta La Moneda para solicitarle formalmente al ministro Andrés Chadwick la salida del subsecretario por su rol en el magnicidio de una de las figuras icónicas de la Falange.
Fuad Chahín, timonel de la DC, recalcó que el flamante número dos del Minsal “ocultó por más de 20 años, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, la autopsia del asesinado ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, lo que creemos lo invalida al menos éticamente para asumir un cargo de Gobierno”.
Aunque Chadwick y el gobierno decidieron respaldar la designación, estos días han surgido otros flancos que también complican a Luis Castillo.
A comienzos de este año culminó un sumario administrativo realizado por el Ministerio de Salud (Minsal) que responsabilizó a Luis Castillo por el retraso en la construcción de 13 hospitales durante la primera administración de Sebastián Piñera.
Un reportaje de El Desconcierto develó que el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales fue sobreseído de toda sanción gracias a un artículo del Estatuto Administrativo que establece que no se pueden achacar responsabilidades a un funcionario público luego que este deje sus funciones. En efecto, cuando concluyó el informe (enero 2018), Castillo llevaba cuatro años fuera del cargo.
Entre los recintos donde se registraron intervenciones que no le correspondían a sus atribuciones, destacan el proyecto hospitalario intercultural Kalvu Llanka de Cañete, el Hospital Carlos Cisternas de Calama y el Hospital de Pitrufquén (este último llegó a alcanzar un retraso de un 76% en sus obras). En ellos hubo acciones y omisiones que, de acuerdo al informe del sumario, “implicaron un retraso en la construcción de casi toda la infraestructura en salud existente (…) infringiendo principios de obediencia reflexiva, control, probidad y jerarquía de actos“.
La investigación a cargo del fiscal Bernardo Martorell acreditó que, durante su gestión, el médico cirujano efectivamente “falló en eficiencia y eficacia en su responsabilidad a cargo”.
Consultado al respecto, Castillo afirmó no conocer el mencionado sumario y dijo que las explicaciones ya las dio en una comisión investigadora que la Cámara de Diputados desarrolló en 2014 y que concluyó que éste intevino en la ejecución “de obras fuera de las facultades que le son propias, lo que configura responsabilidad administrativa”.
“No voy a hablar del pasado, estoy abocado a trabajar y a mejorar las más de 30 obras atrasadas que hay ahora”, comentó en conversación con el periodista Francisco Parra.
Luis Castillo Fuenzalida es el tercer subsecretario de Redes del actual mandato de Sebastián Piñera. Tras su paso como decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián y como investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC (Clapes UC), regresó al gobierno amparado justamente por su experiencia en el área.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
