El jefe de la Fiscalía Nacional además aseguró que las filtraciones se producen por un "problema estructural" y llamó al Gobierno a realizar modificaciones respecto al acceso de antecedentes de los intervinientes en causas penales.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la serie de críticas que ha recibido el Ministerio Público en los últimos días a raíz de las filtraciones de antecedentes de causas penales a la prensa nacional.
Las críticas se acrecentaron luego que se publicaran conversaciones privadas entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) en las que criticaban a personeros del Gobierno. Todo esto en medio de una investigación de tráfico de influencias y cohecho por favores económicos a un empresario chino.
En conversación con Radio ADN, Valencia fue consultado por la situación, ante lo cual señaló que “esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene un origen en un mal diseño legal -defectuoso- y que ha tenido que sobrellevar la fiscalía por décadas“.
“Recordarán que también había mucho malestar durante el periodo de las causas de Penta y SQM porque también aparecía mucha información en la prensa que era reservada”, acotó.
En esa misma línea, aseguró que envió oficios al Ministerio de Justicia solicitando una modificación legal respecto a las personas intervinientes en causas y al acceso a antecedentes que tienen dichos intervinientes.
“Necesitamos perfeccionar las normas que permiten que en estas causas que tienen relevancia política, cualquier ciudadano de a pie pueda presentar una querella y por esa vía transformarse en interviniente en la causa y obtener copia de todo lo que se investiga”, aseguró.
Además, Valencia sostuvo que “no se puede descartar que no haya filtraciones que se originan en la Fiscalía. Pero concluir que en cada oportunidad que se publican antecentes reservados viene de la fiscalía, no se condice con los hechos ni con la realidad“.
“Quiero insistir en algo: la más perjucidada por las filtraciones es la Fiscalía. La más perjudicada por las filtraciones son las investigaciones“, añadió.
Sobre este punto, recalcó que “aquí también hay una agenda con la que uno más o menos está familiarizado y con la que tiene que cargar. En las causas de corrupción, los corruptos contraatacan. Y lo hemos visto en otros casos, en otras causas, de que hay una agenda para tratar de desprestigiar y atacar a los investigadores“.
Además, el fiscal Ángel Valencia respondió a los dichos del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien aseguró respecto a las filtraciones en CNN Chile que “es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”.
Al respecto, Valencia sostuvo que “si el gobernador Orrego tiene esos antecedentes, su deber -no es que yo lo esté invitando- su deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia”.
“La imputación que hace es muy grave. Si fuera cierta, es de la mayor gravedad. Y si no los tiene, también es de la mayor gravedad. Porque está haciendo una imputación calumniosa que ofende a los más de 4.500 funcionarios del Ministerio Público, particularmente a los fiscales”, sentenció.
Finalmente, se le preguntó si es que en el Ministerio Público pueden entregar garantías de que no volverán a ocurrir filtraciones, ante lo cual aseguró que “al contrario. Este problema es estructural. Y como el problema es estructural, situaciones como esta van a seguir produciéndose“.
“Porque aunque nosotros establezcamos muchos controles internos, una vez que entregamos copia, perdemos control. La ley nos obliga a entregar copia y tiene sanciones muy débiles para el que las filtra”, remató Valencia.
Finalmente, aseguró que “sabemos y tenemos alto nivel de certeza que cada vez que entregamos antecedentes a terceros el riesgo de que esos antecedentes aparezcan publicados en la prensa es altísimo, porque las sanciones son inexistentes. Por eso nuestra insistencia”.
La secretaria de Estado entregó detalles en CNN Prime sobre el proyecto de aborto legal que pretenden presentar en el Congreso. Señaló que están analizando replicar el modelo alemán y que el plazo de 12 semanas para la interrupción de un embarazo no deseado podría generar consenso.
