El jefe de la cartera de Justicia y DD.HH. se refirió al proyecto que ingresó el gobierno para asegurar la retención del retiro del 10% a quienes deban el pago de la pensión de alimentos. Además, hizo un llamado a denunciar todas las amenazas que reciban quienes intenten realizar el trámite.
El gobierno ingresó una ley corta que asegura la retención de pensión alimenticia para quienes quieran retirar el 10% de sus fondos en las AFP y tengas deudas por dicho concepto. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y DD.HH. no ingresó una indicación que había anunciado y permitía forzar esta retención incluso en el caso que el deudor no pidiera el retiro.
“Cuando dimos a conocer esta situación, distintas personas, constitucionalistas, jueces, integrantes de tribunales de justicia, nos pidieron revisarla, porque la reforma constitucional establece que es un retiro voluntario del afiliado, y puede interpretarse que al hacerlo de esta forma, ya no sería voluntario, sino forzoso“, explicó el ministro Hernán Larraín.
Esto, finalmente, atentaría a la constitucionalidad del proyecto ahora ingresado por el gobierno, debiendo tener que pasar por una mayor cantidad de procesos que alargarían su tramitación. “Todo esto ha sido tan rápido que a veces uno no alcanza a chequear todas las cosas por avanzar y evitar que por la rapidez de la entrega los fondos se vayan“, agregó el secretario de Estado.
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Por otro lado, el ministro Larraín se refirió a las amenazas que mujeres han denunciado haber recibido de parte de sus ex parejas y deudores de esta pensión, con el fin de disuadirlas a retener su retiro: “Eso cabe dentro de la violencia intrafamiliar, está configurado. Hay dos tipos de amenazas, si son débiles o menores, se tramitan ante Tribunales de Familia, pero si son constitutivas de amenazas graves, son delitos de violencia intrafamiliar, y eso tiene que denunciarse“.
“Los mismos que no pagan sus deudas ahora tienen la patudez de amenazar para que no le exijan el pago de esa deuda. Es un exceso intolerable”, agregó el ministro.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
