El “niño terrible” del Poder Judicial recorrió la coyuntura desde el estallido social, catalogando como terrorismo de Estado muchos episodios de violencia que terminaron con detenidos. En modo teletrabajo se enteró de la sentencia de la Corte, tras su denuncia contra la Suprema que lo amonestó por una tesis de hace 15 años en la que criticó el rol de la Justicia chilena en dictadura.
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“Es un mensaje a todos los Estados para decirles ‘una democracia necesita poderes judiciales horizontales, de coordinación, no hay jueces superiores e inferiores, sino que hay distribución de competencias'”, porque en la medida en que haya una jerarquía, “los inferiores van a estar compelidos a actuar como actúan los jerarcas”.
La palabra del juez Daniel Urrutia Laubreaux suena disonante para la estructura jerárquica del Poder Judicial que lo ha sancionado y amonestado en varias ocasiones. La última vez fue por modificar de oficio la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario a 13 jóvenes acusados de desórdenes públicos en la llamada “primera línea”.
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Su decisión se basó en el riesgo que significaba la prisión cuando se extendía la pandemia. “Es lo que correspondía hacer. Es tan de sentido común que, dos semanas después, hubo cambio de medidas cautelares. Y la Corte no abrió sumario al juez que la cambió”, explicó.
Este es un ejemplo del por qué está de acuerdo con que se haga un análisis caso a caso para revisar la prisión de más de dos mil personas privadas de libertad en el contexto del estallido social.
—Hay presos políticos porque se ha hecho un uso excesivo de la prisión preventiva para efectos puramente simbólicos-políticos —argumentó.
—¿Para contentar al gobierno?
—Sí.
—¿Con intervención del gobierno?
—El gobierno las pide.
—Y los tribunales acogen.
—Sí. O sea, acuérdate. Los 13 de la “primera línea” estaban presos por la Corte de Apelaciones, no por el Juzgado de Garantía. Eran detenidos sin antecedentes y con una pena probable en libertad. Entonces, ¿cuál es la justificación? Ninguna. Sólo política. Y esa fue la Corte de Apelaciones de Santiago.
Crítica a la jerarquía judicial
En 2004, el juez Daniel Urrutia envió la tesis de su diplomado de DD.HH. a la Corte Suprema, sin pensar que sería amonestado por cuestionar el actuar de los supremos durante la dictadura. 15 años después, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que cuestiona con su fallo la vertical y jerarquizada estructura institucional del poder judicial que lo ha sancionado.
La CIDH estableció que el Estado de Chile debe pagar una indemnización y, además, eliminar el artículo 323 Nº4 del Código Orgánico de Tribunales que prohíbe “publicar, sin autorización del presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados”. Además, en los considerandos de la sentencia, el tribunal internacional establece que al ser jerárquico, el Poder Judicial en su conjunto no asegura la protección de los Derechos Humanos.
Para Urrutia, esta sentencia devela un resabio de la dictadura incrustado en el máximo tribunal de nuestro país, donde existe una intervención de poderes per sé, porque “todo está entretejido, provocando una distorsión en nuestra democracia, con un Poder Judicial que está hecho para un gobierno autoritario”. En esa misma línea, “la Corte Suprema aplaudió la dictadura y le puso la banda a Pinochet”.
La “real” Corte Suprema
Hace algunas semanas estalló un escándalo en el Poder Judicial que encendió las alarmas de organizaciones sociales y feministas, respecto a la necesidad de que los administradores de justicia adopten una visión con perspectiva de género, tan necesaria después de conocerse el polémico fallo del máximo tribunal que el 23 de octubre del 2020 descartó la denuncia de acoso sexual cometido por un funcionario de la corporación judicial de Copiapó, aun cuando se estableció que hubo insinuaciones, amenazas y tocaciones no consentidas en contra de sus subalternas.
El máximo órgano de justicia en nuestro país es el que ahora está en el banquillo de los acusados con la sentencia de la CIDH. Una estructura de poder en el sistema judicial que ha imperado desde la Real Audiencia Española, que cambió al nombre de Corte Suprema, manteniendo los pilares de una institución jerarquizada desde la Conquista, hecha para un régimen autoritario y no para una democracia, según historiadores del Derecho.
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“Nuestro sistema judicial se crea en la reforma borbónica de 1770. Y como en muchos países después entra la República y le cambiaron el nombre, pero siguieron los mismos”. En un contexto de desarrollo y progreso social, “se van creando códigos orgánicos, pero nadie se preocupa de los jueces. Es como un fetiche, pero nunca nos detenemos a ver si son efectivamente personas o estructuras que nos aseguren los derechos. Por algo el interés de las reformas borbónicas al Poder Judicial era tener funcionarios leales al rey y no jueces que aseguraran los derechos”.
En el caso de nuestra Constitución actual, que es copia de las constituciones anteriores que viene de Los Borbones, el responsable de la conducta de los jueces es el Presidente de la República. Esto implica que “muchos jueces se inhiban de resolver en contra del gobierno, porque el gobierno los puede nombrar supremos” y en ese sentido, “el nombramiento de los supremos por parte del ejecutivo, es una intervención que actualmente es constitucional”, lo que distorsiona nuestra democracia.
Detractor del “copamiento preventivo”
Al igual que la CIDH, Urrutia es un duro detractor de la estrategia de “copamiento preventivo” y del “uso indiscriminado de la fuerza” ejercido por el gobierno para evitar las manifestaciones en Plaza Italia -que hoy muchos reconocen como Plaza Dignidad- porque la protesta social es un derecho humano.
El magistrado, que hoy revisa sentencias en el tribunal de cobranza a la espera de la investigación por modificar la medida cautelar de los “13 primera línea”, hace una profunda crítica al manejo de la crisis social del gobierno. Asegura que no sólo ha vulnerado el derecho a manifestación que debería ser protegida y no reprimida, más aún en un proceso constituyente en el que parece perpetuarse el estado de excepción.
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Recuerda que frente a los cuestionamientos por el uso indiscriminado de balines, se presentó una gran cantidad de recursos de protección ante la Justicia, siendo acogidos por las cortes de apelaciones de Concepción, Valparaíso, La Serena y Antofagasta, que prohibieron el uso de escopetas contra manifestantes pacíficos.
Pese a los informes internacionales de violaciones a los DD.HH., la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos y respaldó el uso de balines. ¿Acaso son leyes distintas? El juez Urrutia lo explica: “Es muy fácil. Porque esa Corte de Apelaciones está muy cerca de la Suprema. De hecho, está en el piso de abajo. Es subir un piso no más. La pregunta es ¿quién hace que ese juez de la Corte de Apelaciones de Santiago suba al segundo piso? El gobierno”.
Por lo tanto, la justificación en el uso de balines es una “convalidación de las violaciones a los Derechos Humanos, porque detrás de cada caso que llega al sistema Interamericano hay un juez o una jueza que omitió o fue cómplice de esos delitos. Y si estamos convalidando esas acciones, tenemos una responsabilidad”.
“La sombra de la impunidad”
La Unidad de DD.HH. del Ministerio Público logró identificar a 8.800 víctimas de violencia institucional a manos de uniformados, entre los que se encuentran 281 casos de desnudamientos y 12 casos de abuso sexual agravado.
Urrutia reconoce que estos hechos de torturas cometidos por carabineros se han repetido porque sienten que puede haber impunidad, después que el propio general director de la institución, Mario Rozas, asegurara el 13 de noviembre del 2019 que “a nadie voy a dar de baja aunque me obliguen”. Lo cierto es que tres ministros del Interior (Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez) han dejado sus puestos desde el respaldo explícito de la máxima autoridad de Carabineros y que todavía continúa en el cargo.
“Yo no lo puedo entender. Y tendrá que estudiarse y tomarse decisiones posteriores en los tribunales que correspondan”, porque “si el sistema interno no puede procesarlo en caso de violaciones a los Derechos Humanos, tendrá que hacerse en el sistema internacional, como la denuncia que ya existe ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Piñera”.
Junto a esta “sombra de impunidad”, como la califica el juez Urrutia, no le cabe duda que lo que hubo a partir del 18 de octubre fue terrorismo de Estado, porque “se causó temor a la población para no salir a manifestarse y, en ese caso, tiene que investigarse porque los 400 mutilados no son gratis, los muertos tampoco, tampoco la gente torturada”.
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Cree que se deben impulsar más recursos para que los tribunales y la Fiscalía logren procesar estos casos, pero que estructuralmente el Poder Judicial no podrá reparar integralmente a las víctimas de los agentes del Estado.
“En las sentencias penales generalmente no hay reparación. No solamente respecto al tema monetario, sino todo lo que significa el tratamiento de por vida de las personas que quedaron sin visión, o el tratamiento sicológico en lo que significa haber sido torturado o golpeado por la policía”, sostuvo.
Si no se crea una Comisión de Verdad y Reparación, nos vamos a encontrar con un escenario similar al de la dictadura. Además, la nueva Constitución probablemente tendrá que considerar si es posible mejorar o modificar la estructura judicial tanto en el nombramiento de los jueces por un órgano independiente y multidisciplinario, es decir, una refundación del Poder Judicial donde además se abra espacio a la jurisdicción de los pueblos originarios, cuyas naciones integran nuestro largo territorio.
