Los convenios involucran más de $13 mil millones y fueron declarados ilegales debido a que no cumplen con los estándares requeridos por el órgano contralor. El ministro de Vivienda se refirió al problema generalizado y dijo que "estamos trabajando muy seriamente esto, porque creemos que es algo que lleva hartos años".
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a los 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones que fueron declarados ilegales por la Contraloría General de la República.
En un punto de prensa este sábado, el secretario de Estado aclaró que “el informe de la Contraloría está referido principalmente a las gobernaciones, y nosotros nos preocupamos y sabemos más de lo que tiene relación con Vivienda”.
De todas formas, agregó que “aquí hay un cuestionamiento a un modelo, a un sistema, a un mecanismo que se creó en un determinado momento y que estamos reestudiándolo y cuestionándolo globalmente. El modelo, el mecanismo, está malo, y eso tenemos que reconocerlo y es responsabilidad de todos los actores en este país”.
Consultado sobre qué acciones se están tomando para cambiar el sistema de toma de razón, Montes detalló que “tenemos distintos equipos trabajándolo, no solo lo que está haciendo la comisión que nombró el presidente, sino que, además, en el caso de la Vivienda, estamos redefiniendo los distintos aspectos donde tienen mayor debilidad, porque el sistema tiene debilidades en la forma de seleccionar a las empresas”.
“No hay un sistema de concurso público. En segundo lugar, los convenios mismos no tienen todos los detalles que requieren para poder seguirlo, controlarlo y asegurar que se cumpla. Y en tercer lugar, la valorización de las obras está con problemas de distintas naturalezas, no tiene patrones preestablecidos, el control de gestión tiene dificultades, no hay un registro, en fin, son distintas cosas”, explicó.
Finalmente, reiteró que “estamos trabajando muy seriamente esto, porque creemos que esto es algo que lleva hartos años”.
Según publicó La Tercera, de los 34 que ya ha revisado, la Contraloría declaró ilegales 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones debido a que no cumplen con los estándares requeridos por el órgano contralor, así como también con disposiciones legales.
Los convenios objetados corresponden a acuerdos suscritos durante 2023 e involucran más de $13 mil millones.
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