“Es una señal de alerta”: La discusión que abrió el caso de Ñuble sobre cómo estamos aplicando la Ley TEA

Por Polet Herrera

19.03.2025 / 19:19

La agresión de un estudiante a una profesora en la Región de Ñuble ha conmocionado tanto a la comunidad educativa como al país. A raíz de los hechos ocurridos el 17 de marzo, ¿qué está fallando en el sistema? ¿Cuáles son los cambios que deberían aplicarse en las aulas?


El lunes 17 de marzo, a eso de las 9:30 horas, un estudiante golpeó con el palo de un escobillón en la cabeza a una profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco, ubicado en la Región de Ñuble. La docente tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Estos fueron los primeros antecedentes que informó el Ministerio Público.

“Una agresión que sufrió la colega. Prever una situación como esa era compleja, era difícil de entender. No obstante, se tenían los antecedentes de una condición específica que tiene el estudiante, se conversó con el apoderado, se elaboró un protocolo específico que la normativa pide. Es complejo, llevamos ocho días, tal vez habrá tenido tres o cuatro clases con él, no creo que más”, señaló Alexis Torres, director del Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco.


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El caso ha abierto un flanco de dudas, siendo una de ellas la integración de un estudiante dentro del espectro frente a un profesorado no especializado, teniendo ya dos años de la promulgación de la Ley TEA.

Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa, aclaró: “Las sociedades han avanzado enormemente desde la exclusión que llevaba a esconder o recluir a niños, niñas y adolescentes con alguna condición hasta reconocer que tienen derecho a educarse y participar en sociedad. Es un derecho que está consagrado en la Constitución y en las leyes”.

“Y no solo puede, sino que es su derecho. La educación inclusiva en Chile está respaldada por la Ley 21.545 (Ley TEA)”, complementó por su parte Anyvic Aguilera Cruz, abogada y directora del Diplomado de Educación Ciudadana y Convivencia Escolar de la Universidad San Sebastián (USS), “que garantiza que los niños y adolescentes dentro del espectro autista puedan acceder a colegios regulares sin discriminación y con los apoyos adecuados. Además, la Ley 20.422 refuerza este derecho, estableciendo que el sistema educativo debe ser accesible para todas las personas con discapacidad, incluyendo las neurodivergencias”.

“Hoy existen distintas opciones: escuelas regulares con Programas de Integración Escolar (PIE), establecimientos con ajustes curriculares específicos y también colegios de educación diferencial. Lo clave no es solo la admisión, sino la implementación efectiva de estrategias de apoyo, formación docente y un enfoque de convivencia que permita a cada estudiante desarrollarse plenamente”, detalló la jurista.


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El caso en la Región de Ñuble

Para Treviño los hechos que ocurrieron son complejos y lamentables, porque en primer lugar, la docente tuvo consecuencias dañinas de salud y “el niño con su condición se desreguló y no tenemos antecedentes de qué lo llevó a ese estado”.

Sin embargo, enfatizó que los acontecimientos que ocurrieron muestran que las políticas públicas para atender la diversidad deben fortalecerse “asegurando la atención permanente de profesores diferenciales en las salas de clases (por ejemplo) y también una atención integral de salud y seguridad social”.

Actualmente, planteó “no tenemos atenciones integrales”.

Por su parte, Aguilera subrayó: “Es una señal de alerta sobre las brechas que aún existen en la educación inclusiva en Chile. Si un estudiante dentro del espectro autista llega a un nivel de desregulación tan severo que termina en un episodio de violencia, algo en el sistema ha fallado antes de ese momento”.

“Los primeros antecedentes indican que este adolescente no recibió la contención adecuada al enfrentar una crisis. Esto es un problema estructural: muchas escuelas aún no cuentan con protocolos claros para el manejo de crisis conductuales, y el cuerpo docente no siempre está capacitado para comprender y aplicar estrategias de intervención adecuadas”, agregó.

La Seremi de Educación de Ñuble reportó que si “el tema es un hecho producido por desregulación o por una situación conductual, eso es producto de la investigación. La condición TEA de un estudiante no lo exime de responsabilidad en temas de convivencia escolar”. Además, detalló que la Superintendencia de Eduación fue oficiada por el caso.

En este ámbito, Anyvic Aguilera explicó que, desde el punto de vista educativo, este proceso debiese considerar varios aspectos clave:

  • Revisión de protocolos internos: Evaluar si el establecimiento contaba con protocolos claros para abordar situaciones de crisis conductuales y si estos fueron correctamente aplicados.
  • Condiciones de apoyo: Analizar si el colegio disponía de los recursos necesarios para acompañar a este estudiante, incluyendo la presencia de un equipo multidisciplinario con experiencia en neurodivergencias.
  • Responsabilidad institucional: Examinar si hubo omisiones por parte del colegio, la Superintendencia de Educación o incluso la Seremi, en cuanto a fiscalización y acompañamiento previo a esta situación.
  • Acciones correctivas: Dependiendo del resultado del informe, se podrían dictar medidas para reforzar la formación docente, mejorar los protocolos de inclusión y establecer planes de trabajo específicos con la comunidad educativa afectada.

Por tanto, reiteró que lo que sigue después de este informe será clave. “No basta con un análisis del caso; este debe traducirse en medidas concretas que aseguren que ninguna escuela en Chile quede sin las herramientas necesarias para responder a la diversidad de sus estudiantes”, precisó.

¿Qué hacer en el aula de clases?

Sobre las lecciones, Treviño planteó que lo sucedido debería abrir el debate sobre cómo mejorar la atención a la diversidad en los establecimientos escolares, pues “nuestra política educativa en esta materia va en el sentido correcto, pero adolece de un bajo financiamiento y falta de personal suficiente para una atención continua en la escuela”.

“Este caso extremo muestra las debilidades que inhiben la capacidad de atender la diversidad en los establecimientos escolares”, aseveró.

En tanto, para Aguilera, desde su experiencia en la comunidad educativa, recomendó implementar estos ejes claves:

  • Capacitación docente y equipos de apoyo: No basta con que un colegio tenga un PIE o un profesional de apoyo; la formación en neurodivergencias debe ser transversal para todo el equipo educativo.
  • Protocolos de manejo de crisis: Los establecimientos deben contar con estrategias claras y efectivas para contener situaciones de desregulación, evitando que escalen a episodios de violencia.
  • Trabajo con familias: La relación entre la escuela y la familia es clave. No puede ser que un estudiante enfrente sus crisis sin un plan de acción acordado entre padres, docentes y especialistas.
  • Cambio cultural: Se necesita transformar la mirada sobre la neurodivergencia en las comunidades escolares. Esto implica educar no solo a los profesores, sino también a los propios estudiantes y apoderados para generar espacios realmente inclusivos.

“Este caso no debe verse como un hecho aislado, sino como una oportunidad para revisar cómo estamos implementando la inclusión en Chile y qué debemos mejorar con urgencia”, concluyó.