Evelyn Matthei, Emilio Santelices, Gerardo Varela y Laurence Golborne fueron algunos de los ex miembros de gabinete en el primer o segundo mandato de Sebastián Piñera que rechazaron las acusaciones de que en nuestro país se han violado los derechos humanos de manera sistemática.
A través de una carta publicada en El Mercurio un grupo de ex ministros, alcaldes, intendentes y parlamentarios del oficialismo rechazaron “categóricamente las acusaciones de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país”, luego de un reporte de Amnistía Internacional.
“El Gobierno de Chile y todas sus autoridades están comprometidos con la promoción y el respeto de los derechos humanos. El Gobierno, en todo momento, ha sido claro en condenar toda vulneración a los derechos de las personas y ha tomado un conjunto de medidas preventivas y correctivas para resguardar el respeto de los derechos humanos y garantizar la plena autonomía del Ministerio Público y los tribunales de justicia para realizar su labor”, aseguran los firmantes en la misiva.
Las críticas apuntan al informe que entregó Amnistía Internacional en el que consignan que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.
Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia y Educación; Laurence Golborne, ex ministro de Energía, Minería y Obras Públicas; Emilio Santelices, ex ministro de Salud; y Luciano Cruz-Coke, diputado y ex ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fueron algunos de los firmantes de esta carta.
Destacando la “transparencia y honestidad” del Gobierno y la “independencia” del Poder Judicial, los firmantes reconocieron “la obligación constitucional de las fuerzas policiales, en un Estado democrático, de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana a través del ejercicio de la fuerza legítima, necesaria y proporcional frente a la violencia generada por personas cuya actividad no tiene que ver con las legítimas aspiraciones políticas que tenga la ciudadanía”.
“Es obligación del Gobierno asegurar el orden público para que los millones de compatriotas que aspiran a un país mejor, más pacífico y próspero, puedan desarrollar sus actividades normales”, continúa la carta.
Finalmente, señalan estar confiados en que “el acuerdo de paz y justicia a que ha llamado el presidente cuenta con el masivo y mayoritario apoyo de todos los chilenos y chilenas“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
