El grupo de expertos, nombrados por el Consejo de DD.HH. de la organización internacional, emplaza al gobierno, señalando que "tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares.
Un grupo de expertos y expertas independientes, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresaron su condena al “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Chile”, en el marco de las manifestaciones que se realizan en el país desde el 18 de octubre.
El organismo internacional reporta que “al menos 20 personas murieron y alrededor de 1600 resultaron heridas, incluyendo agentes de policía, en protestas que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y desigualdad profundamente arraigada”.
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”La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, señalan los expertos en el comunicado publicado por la ONU.
Junto con detallar que miles de personas han sido detenidas, indican que “el evado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”.
En el texto, reconocen que el gobierno “tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas de los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos”.
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Finalmente, se refieren a la labor de los observadores de la Oficina de DD. HH. de Naciones Unidas, que llegaron al país el pasado 29 de octubre, detallando que han mantenido conversaciones con las autoridades del país y han manifestado su voluntad expresa de “perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado”.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
