La acción legal busca generar las máximas responsabilidades penales a los formalizados por el crimen y dar a conocer si existe responsabilidad de la institución policial por "falta de servicio". También buscan perseguir las responsabilidades civiles por el daño causado al entorno cercano de la fallecida.
La familia de la fallecida sargento segundo Rita Olivares Raio anunció que se querellará contra los presuntos responsables de su muerte por homicidio de carabinero en ejercicio de sus funciones.
El organismo persecutor formalizó esta jornada a Luis Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Matías Peralta Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva y Elizabeth Soto Soto como presuntos responsables del crimen que acabó con la vida de la funcionaria.
La acción legal busca generar las máximas responsabilidades penales a los formalizados por el delito y dar a conocer si existe responsabilidad de la institución policial y del Estado por “falta de servicio”. También buscará perseguir las responsabilidades civiles por el daño causado al entorno cercano de la fallecida, consignó Radio Bío-Bío.
“Las diligencias buscan establecer si Carabineros cumplió o no con su deber de proteger eficazmente la vida de la funcionaria (…). La institución está obligada a dar las condiciones e instrucciones adecuadas para su seguridad y la entrega del equipamiento de defensa y seguridad necesario para el cumplimiento de sus funciones”, sostuvo el abogado querellante, Claudio González Salgado.
Cabe recordar que la sargento segunda Rita Olivares Raio murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial por robo en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, el pasado 26 de marzo.
Olivares tenía 46 años, dos hijos, una trayectoria de 21 años como carabinera y se transformó en la mártir 1.232 de la institución.
Su muerte conmovió a la opinión pública y puso en materia de debate la seguridad de los efectivos policiales durante los procedimientos.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
