Los cercanos a Mauricio Hernández Norambuena acusan al ministro de Justicia de entrometerse indebidamente en otro poder del Estado "al indicar la pena que le correspondería cumplir" y señalan que lo anterior "invade los espacios institucionales de otro poder del Estado".
Luego de 23 años, Mauricio Hernández Norambuena regresó a Chile como parte del proceso de extradición que el gobierno chileno realizó en su contra por su participación en el asesinato del ex senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El ex frentista, también conocido como el “comandante Ramiro”, se encontraba en prisión en Brasil, donde fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro del empresario Washington Olivetto, de los que ya cumplió 16 en dicho país.
De este modo, el acuerdo de extradición se logró luego de que Chile comprometiera que la pena que se le aplicará -Hernández Norambuena suma dos cadenas perpetuas por 40 años- no superará los 30 años, que es lo máximo que establece la Constitución brasileña dado que no contempla la cadena perpetua.
En ese contexto, la familia del ex frentista publicó un comunicado en el que critican el actuar del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien acusan de entrometerse indebidamente en otro poder del Estado “al indicar la pena que le correspondería cumplir”.
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Lo anterior debido a que aún no se conoce cuál es la pena que efectivamente se le asignará, dado que se ha postulado que se debieran descontar los tres años que cumplió en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) entre 1993 y 1996, mientras que su defensa plantea que se debe considerar como abono los 16 años que cumplió en Brasil.
“Deseamos hacer notar al señor Larraín, que el compromiso político que hizo su gobierno para traer a nuestro hermano a Chile a través de un oficio de la embajada chilena en Brasil dirigida a las autoridades brasileñas, dice textual y expresamente que, ‘el gobierno chileno se compromete a que Mauricio Hernández Norambuena no va a cumplir penas de más de 30 años en Chile'”, continúa el texto.
“Debido a lo anterior, le corresponde ahora a la Justicia chilena, al ministro Carroza, resolver los años que le faltarían por saldar penalmente a nuestro hermano. El ministro de Justicia con sus declaraciones de que nuestro hermano debiera cumplir 27 años de presidio efectivo, está vulnerando el Estado de Derecho al señalar el tiempo que Mauricio debiera permanecer privado de libertad, decisión que sólo le corresponde a los Tribunales de Justicia”, afirman.
“Consideramos que esta es una presión ilegítima que invade los espacios institucionales de otro poder del Estado, y que solo busca influenciar indebidamente la determinación del juez Carroza”, agregan.
“Los dichos del ministro, no solo demuestran el mal funcionamiento de la institucionalidad de nuestro país, sino que vulneran la necesaria separación de los poderes del Estado que toda democracia necesita y que ha quedado en deuda con muchos chilenos que lucharon por recuperar la democracia, como nuestro hermano Mauricio”, cierran.
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