La audiencia se adelantó luego de que la ministra en visita Jenny Book pidiera la inhabilitación del tribunal civil, ya que considera que el caso debe investigarlo la Justicia Militar.
Para la mañana de este martes está programada la audiencia de competencia inhibitoria en el Juzgado de Garantía de Arica, donde se decidirá si compete a la Justicia Civil o a los tribunales militares el caso de los conscriptos de Putre.
Esto ocurre luego de que Jenny Book, ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, solicitara la inhabilitación del tribunal civil, ya que considera que el caso debe investigarlo la Justicia Militar.
En la audiencia —la cual estaba programada para el próximo 30 de mayo antes de la resolución de Book— se espera que participen el Ministerio Público, las defensas, la parte querellante y la Fiscalía Militar. Se desarrollará a partir de las 8:30 horas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso de los conscriptos por el delito de apremios ilegítimos, insiste en que la causa debería permanecer en jurisdicción civil, ya que se trataría de violaciones a los derechos humanos.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, sostuvo que tienen la convicción de que los distintos conscriptos afectados “vivieron graves violaciones a los derechos humanos”. “Tiene que haber justicia y justicia civil”, reafirmó.
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“El Estado de Chile ya tiene sanciones del sistema interamericano de justicia por haber usado la justicia militar en casos que no corresponden. Si el caso es visto por la justicia militar, el Estado será sancionado nuevamente“, agregó.
Según Contreras, se cometió un delito establecido en el Código Penal: “Cuando un ciudadano comete un delito establecido en el Código Penal, debe ser la justicia ordinaria quien vea esta causa (…). No sigamos repitiendo errores, porque la sanción al Estado de Chile va a ser sin lugar a dudas, sí o sí”.
El presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió este lunes con Romy Vargas, la madre del soldado conscripto Franco Vargas, quien murió en la comuna de Putre durante la marcha militar.
La jefa de la cartera de Defensa detalló que fue “una conversación muy humana” la que se generó junto al mandatario, donde “se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros”, afirmó.
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“Lo que más requieren las familias es saber qué ocurrió y que aquellas personas (…) que no protegieron a sus hijos como correspondía, sean sancionadas”, dijo la ministra, quien recalcó que “lo ocurrido no quedará impune y quienes le fallaron a los jóvenes serán sancionados”.
En conversación con La Tercera, el abogado de Vargas, Sebastián Andrade, señaló que en la audiencia de este martes realizarán una dura exposición con el objetivo de que sean los tribunales ordinarios los que queden a cargo de la investigación correspondiente.
“Hay desconfianza porque la institución que cautelaba la vida de su hijo fue la que finalmente, a través de sus integrantes, le terminan dando muerte, entonces cómo el mismo victimario se va a juzgar a sí mismo. Y desde el punto de vista técnico, hay desconfianza en que no exista un debido proceso”, dijo.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
