El persecutor señaló que adopta distintas medidas por las investigaciones de alta complejidad que se le asignan. Además, destacó que el teléfono se lo asignó el propio Ministerio Público en 2024, por lo que no tenía información de 2022, año en que se investigan los posibles delitos.
En medio de la indagatoria del denominado caso Audios, una de las aristas investiga posibles tráficos de influencia al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público. En esta arista, uno de los involucrados es el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
En julio pasado, el Ministerio Público incautó el celular del persecutor luego que se revelaran chats en los que Gonzalo Migueles, esposo de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, le habría ofrecido un doctorado y el poder llegar hasta la Fiscalía Regional Centro Norte a Palma.
A raíz de esto, durante las últimas horas, Ciper dio a conocer que el celular que el fiscal Palma entregó estaba recientemente reseteado, por lo que no se logró acceder a la mensajería.
Un informe pericial señala que “al encender el equipo mediante la utilización de bolsa Faraday, se aprecia que su pantalla se encuentra activa, táctil operativo y se evidencia que mantiene configuración de fábrica (reseteado)”.
En respuesta a esta situación, el propio Palma abordó el hecho, tanto en una declaración ante Fiscalía como en una respuesta a La Tercera. Ante el Ministerio Público, el persecutor aseguró que “no guardo chats en mi celular de esa época. Por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad que me son asignadas”.
Además, respondió al citado medio que “dado mi trabajo de fiscal, debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos. Lo anterior, debido a las investigaciones concretas que he llevado y las que sigo llevando a cabo, muchas de ellas de conocimiento público”.
“El extravió del equipo telefónico en manos inadecuadas puede afectar gravemente el éxito de la persecución penal que me es encomendada por ley. Por otro lado, el teléfono que me fue requerido es un teléfono que me fue asignado por el propio Ministerio Público en marzo de 2024, lo que hace evidente que jamás pudiera contener elementos asociados a hechos ocurridos en 2022“, sentenció.
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