El documento define las filtraciones de información como un "acto de corrupción".
El fiscal nacional Jorge Abbott envió este jueves la nueva política de comunicaciones para el periodo 2018-2022, con lo que busca limitar las declaraciones públicas de los persecutores y funcionarios del Ministerio Público sobre casos de contingencia nacional.
“Fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales (…), a fin de evitar la afectación al principio de objetividad” indica el instructivo.
Esta nueva política ya ha generado críticas, dado que agrega: “Tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.
Para Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación de Fiscales, este punto en particular genera “ruido”, ya que puede referirse también a comunicaciones vía redes sociales.
“Entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vida privada de los actores del Ministerio Público”, comentó la fiscal a La Tercera.
Además, la dirigenta gremial agregó que “esta es una especie de ‘ley mordaza'”.
Por último, el documento consigna la difusión de información será considerada un “acto de corrupción”, sujeto a sanciones administrativas.
Lea el documento adjunto a continuación:
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
