La fiscal que lleva la causa, Virginia Aravena, explicó que los delitos ocurrieron entre el 2014 y 2016, cuando los tres trabajadores "se concertaron para crear cuentas falsas y que les entregaran dinero en dichas cuentas como pago de sueldo a funcionarios que ya no trabajaban en la Municipalidad".
Más de 70 testigos, incluyendo a funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron a cargo de diligencias, peritos de la misma policía, un poco más de 300 documentos y otros medios de prueba presentará la Fiscalía en un juicio en contra de tres extrabajadores de la Municipalidad de Alto Hospicio (Región de Tarapacá), a quienes acusan de sustraer millonarios fondos municipales y de delitos económicos.
La fiscal de Alto Hospicio, Virginia Aravena, manifestó que la audiencia de preparación de juicio oral se extendió por dos jornadas, y que esperan que pronto el tribunal de a conocer la fecha de realización del juicio.
La Fiscalía de Alto Hospicio está llevando adelante una investigación en contra de tres exfuncionarios de la Municipalidad de dicha comuna. Los sujetos sustrajeron más de $180 millones en fondos municipales y son acusados por los delitos de malversación de fondos públicos y lavado de activos.
De acuerdo a Virginia Aravena, la fiscal que lleva la causa, -donde el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante- los delitos ocurrieron entre el 2014 y 2016, cuando los tres trabajadores “se concertaron para crear cuentas falsas y que les entregaran dinero en dichas cuentas como pago de sueldo a funcionarios que ya no trabajaban en la Municipalidad”.
Se trata de Rubén Rivera Tudela, jefe de Administración y Finanzas; Francisco Lizana Catalán, director de Finanzas; y de Lorena Segovia Marín, jefa de personal. Los tres habrían aprovechado que, por sus funciones, mantenían bajo su cargo las cuentas fiscales de la Municipalidad e información del personal contratado.
Es por ello que habrían planificado una fórmula que les permitiera robar el dinero mediante la creación de cuentas bancarias a personas que se habían desempeñado anteriormente como trabajadores en la alcaldía.
Posteriormente, los acusados transferían el dinero desde la cuenta del municipio a las cuentas vistas creadas, bajo el falso concepto de “pago de sueldos”, y retiraban los “sueldos” desde cajeros automáticos, ya que mantenían bajo su poder las tarjetas asociadas a dichas cuentas. De esa manera, los tres lograron malversar $183.290.000.
Los antecedentes de la investigación permitieron establecer que parte del dinero sustraído era depositado por Rivera Tudela a una de sus cuentas. El sujeto también prestaba dinero en efectivo a funcionarios municipales y otras personas.
Incluso, el ente persecutor explicó que adquirió bienes como viviendas y vehículos, utilizando préstamos o créditos para ocultar el origen ilícito del dinero, esto porque para obtener los créditos, anticipaba el pago de cuotas sin tener otros ingresos formales, aparte de su sueldo.
Junto con ello, el acusado Rivera Tudela recibió en sus cuentas corrientes más de $154 millones en transferencias y depósitos, aparte de su sueldo como funcionario del municipio.
La Fiscalía solicita una pena de 15 años de presidio para Lizana Catalán y Rivera Tudela, como autores de malversación de caudales públicos. Mientras que a Segovia Marín se le pide una condena de 10 años y un día de cárcel por el mismo delito.
A ello se suma que a Rivera se le solicitan 10 años de cárcel como autor del delito de lavado de activos.
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