Luego de que se relevara la decisión del juez, desde Gendarmería interpusieron un recurso para evitar la medida, aludiendo a que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
El Ministerio Público espera revocar la decisión del juez de garantía, Daniel Urrutia, quien concedió beneficios a reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad.
A través de un comunicado, el organismo señaló que ha estado en constante coordinación con Gendarmería, “revisando tanto la apelación como el recurso del hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia“.
“Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados“.
La decisión del juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, había causado controversia, y desde Gendarmería interpusieron un recurso para evitar la medida, aludiendo a que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
En un documento fechado al 19 de enero, y dirigido al alcaide de la Unidad Especial de Alta seguridad del recinto penitenciario, el juez Urrutia permitió videollamadas de dos reclusos ligados al Tren de Aragua con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
La decisión, de acuerdo al escrito, se basó en los postulados de algunas convenciones vinculadas a las buenas prácticas y la protección de las personas privadas de libertad, las que recomiendan “mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares”.
Y que el ejercicio del derecho a recibir visitas “debe darse en espacios habilitados para tal efecto, no en celdas ni áreas destinadas a actividades de la población penal”.
La medida, aplicada en la cárcel de alta seguridad y donde hay criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por Gendarmería y por el Gobierno.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había señalado previamente que estaban en contra de la medida, y que “el Ministerio de Justicia junto a Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”.
“Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado (…) es que sus líderes, quienes están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización”, complementó.
El conflicto puso en la palestra al juez Daniel Urrutia Laubreaux, cuyo nombre es conocido por episodios en los que había llamado a refundar Carabineros y se había inhabilitado voluntariamente en el caso Pío Nono, entre otros.
En relación a la decisión del Juez Urrutia. pic.twitter.com/OoRe3tBkvo
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) February 16, 2024
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
