Una investigación de BioBioChile revela que el juez Daniel Urrutia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Centro Norte por una serie de anormalidades en sus comunicaciones.
La semana pasada, el juez del 7º Juzgado de Garantía de Sanitago, Daniel Urrutia, presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público Centro Norte, en la que informó sobre una serie de problemas inusuales en sus comunicaciones mientras realizaba su trabajo.
Por esto, entregó su teléfono personal y el que le proporciona el Poder Judicial para que sean periciados íntegramente, y se esclarezca el posible caso de espionaje.
El magistrado se ha ocupado en las últimas semanas de vigilar el accionar de los agentes del Estado tras el estallido social. “En este momento se están violando los derechos humanos de gran parte de la población“, señaló en entrevista con CNN Chile.
De acuerdo a una investigación publicada por BioBioChile, el juez solicitó a Fiscalía una serie de diligencias, como conocer si la Agencia Nacional de Inteligencia cuenta con una carpeta de análisis y recopilación de información con su nombre y establecer de esta forma la existencia de revisión del trabajo de los jueces.
Además, solicitó al organismo perseguidor que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes se encargan de resolver las peticiones por Ley de Inteligencia a los organismos policiales y las FF.AA., informen si los números de celulares que entregó la fiscalía se encuentran dentro de las peticiones para realizar medidas intrusivas.
Según fuentes del citado medio, el magistrado también habría solicitado que también se oficie al Ejército y a Carabineros, para así establecer si han mantenido la misma conducta.
Se indica que el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Jaime Retamales, está a cargo del caso y ya habría dictado diligencias, pidiendo información a algunos organismos estatales. Se trata del mismo funcionario encargado de la indagatoria por las intercepciones realizadas por el Ejército en contra de ex militares que denunciaron corrupción institucional.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
