La investigación a cargo del fiscal regional Emiliano Arias tendría en la mira tanto a funcionarios del tribunal como a abogados litigantes por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
La Fiscalía Regional de O’Higgins estaría indagando a 19 personas por actos de corrupción, cuyos delitos contemplarían cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Según consigna La Tercera, el caso liderado por el fiscal regional Emiliano Arias y el fiscal de Alta Complejidad Sergio Moya sería la respuesta penal a la suspensión de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, las cuales ocurren en el marco de presuntos actos de corrupción.
En total, serían cinco funcionarios del tribunal, tres abogados integrantes y 11 litigantes quienes estarían bajo la mira del Ministerio Público.
Así, entre la lista de los involucrados estaría el secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, quien habría realizado gestiones en el Servicio de Salud de O’Higgins, las cuales no formarían parte de sus funciones.
Asimismo, el juez de garantía de Rancagua, Gianni Libretti Peña, se encuentra en el radar de fiscalía por una transferencia de un millón de pesos a la cuenta del juez Emilio Elgueta, uno de los tres jueces ya suspendidos.
Esto ha abierto la puerta para que la fiscalía regional investigue si algún otro funcionario ha realizado “aportes” al juez Elgueta.
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Por otra parte, también habría abogados litigantes considerados por fiscalía, quienes son investigados por sus nexos y presuntos pagos de sobornos. Ejemplo de ello es el abogado Gabriel Henríquez Arzola, defensor del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.
El ente persecutor habría constatado al menos 59 llamadas entre Henríquez y el juez Elgueta, realizadas en su mayoría días previos a que se dictara sentencia.
El próximo 26 de abril la fiscalía de O’Higgins formalizará a Emilio Elgueta, lo que ya plantea el problema de quién la llevará a cabo, luego que tres jueces de garantía se inhabilitaran por su cercanía con el magistrado.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
