La Fiscalía Centro Norte realiza indagatorias tras una denuncia anónima que señaló la existencia de contactos irregulares entre funcionarios del exministro Huepe y representantes de generadoras de electricidad durante la tramitación del proyecto en 2022. “El ministerio no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados”, expresó la secretaría. Además, reiteró su “completa colaboración con la investigación”.
El Ministerio Público está investigando al Ministerio de Energía por un eventual tráfico de influencias en la tramitación del proyecto que creó el fondo para estabilizar las tarifas de las cuentas de luz en 2022.
El caso
Según el Centro de Investigación Periodística (Ciper), la Fiscalía Centro Norte realiza las indagatorias luego de que una denuncia anónima señalara comunicaciones irregulares entre funcionarios del ahora exministro de la cartera Claudio Huepe y representantes de empresas generadoras de electricidad.
De este modo, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) ofició a la secretaría de Estado el 29 de septiembre de 2022 para solicitar registro de las todas reuniones de lobby en que estuvo presente Huepe y también de las quien fue su abogada de confianza para la coordinación legislativa del proyecto, Gabriela Manríquez.
En concreto, fue solicitada la nómina de todos los encuentros entre la fecha de nombramiento del ahora exministro y el 2 de agosto del año pasado. También fueron solicitados todos los correos electrónicos “enviados y recibidos” por Manríquez entre marzo y agosto de 2022.
Desde el medio indican que la exasesora tuvo un paso anterior por el ministerio. Específicamente, entre agosto de 2018 y enero de 2020. Ahí coincidió con María José Ariztía, quien aparece en el registro haciendo lobby en representación de la empresa Engie durante la tramitación de la ley.
“El ministerio no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados. El oficio recibido a fines de septiembre solicita información del exministro y una funcionaria que en ese momento sí desempeñaba funciones en el ministerio, pero que presentó su renuncia el 23 de noviembre de 2022 y que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023”, dijeron desde la cartera a Ciper.
En la investigación ha declarado Huepe -en calidad de testigo- y todos los funcionarios que lo acompañaron durante su gestión.
Este miércoles, la secretaría de Estado confirmó la investigación por medio de un comunicado. Además, indicó que el 30 de septiembre de 2022 fue instruido un sumario administrativo a Manríquez “para esclarecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en lo referente a la obligación de desempeñar la función pública con estricto apego al principio de probidad”.
En noviembre de 2022, la exasesora fue sobreseída del sumario y el día 23 de ese mes presentó su renuncia
“En los meses de febrero y abril de 2022, la Policía de Investigaciones requirió nuevos antecedentes al Ministerio de Energía, los que fueron oportunamente entregados en su totalidad”, añadieron desde la entidad.
Finalmente, el ministerio reiteró su “completa colaboración con la investigación en curso y con el total esclarecimiento de los hechos”.
Las reuniones
La mayoría de las reuniones de lobby que indaga el Ministerio Público fueron las que Manríquez tuvo con Generadoras de Chile. La agrupación dijo al medio citado que, como organización, “tenemos la plena convicción que ninguno de nuestros ejecutivos ha incurrido en infracción a la ley. Todas las reuniones con los miembros del Ministerio de Energía, relacionadas con el proyecto de ley, se realizaron a través de la regulación establecida en la Ley de Lobby”.
“Generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó. Otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo”, añadió la entidad.
También indicaron que ninguno de los ejecutivos ha sido citado a declarar por parte de la Fiscalía.
Entre los registros que tiene el Ministerio Público en su poder, informados por el medio citado, hay apuntes de la exasesora con aparentes cálculos de las empresas sobre costos que implicaría el proyecto de ley en distintos escenarios, inconvenientes enumerados por Engie sobre el proyecto que presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en 2019 durante el estallido social, conversaciones con Enel y un apartado titulado “Redacción PEC”, lo que tendría relación con el Precio Estabilizado a Cliente Regulado.
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