El organismo persecutor ha solicitado al Gobierno documentación relacionada con la contratación del abogado Jonatan Valenzuela y está evaluando si se citará a declarar al mandatario, como parte de las diligencias que activó.
La Fiscalía Regional de Coquimbo inició este lunes las diligencias investigativas tras ser aceptada a trámite una nueva querella interpuesta contra el Presidente Gabriel Boric, luego de la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado.
La acción fue ingresada ante el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago hace tres semanas por la Fundación Fuerza Ciudadana y acusa malversación de caudales públicos por parte del jefe de Estado debido a un contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela.
El acuerdo, que supera los $13 millones, fue establecido para que Valenzuela representara al mandatario en la investigación relacionada con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Entre las diligencias investigativas, Fiscalía ha solicitado al Gobierno que entregue la resolución que permitió la contratación de Valenzuela y los documentos asociados a la transacción, consignó La Tercera.
El Ministerio Público también está evaluando si se debe citar a declarar al presidente Boric y a su abogado defensor, además de examinar los documentos y posibles comunicaciones relevantes.
Sin embargo, desde la Fiscalía se ha señalado que antes de tomar estas decisiones se recabarán más antecedentes sobre el caso.
A pesar de que esta indagatoria no se agrupará con la pesquisa por la fallida compra de la casa de Allende, Raimundo Palamara, líder de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en este caso, insistió en que el hecho de que el Gobierno haya utilizado recursos públicos para financiar la defensa privada de Boric configura, según su interpretación, un delito de malversación de caudales públicos.
“Lo que hizo Presidencia, particularmente el Presidente Gabriel Boric, de atreverse a recurrir al presupuesto general para costear su defensa penal privada configura el delito de malversación de caudales públicos, por lo que se encuentra penado por la Ley. Si el mismo Gobierno parte reconociendo que fue un error comprarle la casa a su ministra y su tía, quien a la sazón es senadora de la república, reconocen que no fue un acto que se encuentre legitimado por el derecho, de lo contrario hubieren insistido con la transferencia del inmueble, y no lo hicieron”, sostuvo.
El presidente del Partido Comunista respondió a los cuestionamientos esgrimidos desde Venezuela, luego que el Gobierno de Chile hiciera entrega de los antecedentes sobre el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional.
