Según el Ministerio Público, las acciones de la magistrada no constituyen delito, aunque en el ámbito administrativo la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó una amonestación privada en su contra.
Este lunes se dio a conocer que Fiscalía no iniciará una investigación contra Graciel Muñoz, hija del exjuez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien fue acusada por presuntos delitos de falsificación de instrumento público, luego de que se diera a conocer que teletrabajó desde Italia durante la pandemia por COVID-19.
La magistrada, titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, había solicitado trabajar desde la distancia, ya que debía cuidar a una persona mayor, sin embargo, tiempo después, se descubrió que la jueza se encontraba en el país europeo, en donde residió durante el confinamiento, según reveló Radio Biobío. Además, Muñoz habría faltado a una serie de audiencias que debía encabezar, mientras realizaba teletrabajo.
Por esta razón, la ONG Quiero Vivir sin Violencia y Sin Corrupción interpuso la denuncia, acusando a la magistrada de falsificación de instrumento público, ya que pese a que se había acogido a la opción de realizar teletrabajo por peligro sanitario, el verdadero motivo era hacer uso de sus vacaciones.
En ese contexto, Esteban Infante, -dirigente de la ONG- afirmó que la jueza, siendo funcionaria pública cometió una falsedad “faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales”, tras incurrir en el artículo 193 del Código Penal.
No obstante, el Ministerio Público consideró esta jornada que ninguna de las acciones de la jueza constituyen delitos, por lo que declinó empezar una investigación en su contra, por falta de base.
“La magistrada denunciada ejerció a cabalidad sus funciones según consta en los antecedentes de la carpeta investigativa, tomando audiencias y resolviendo casos, a veces desde el extranjero, a pesar de que había señalado un domicilio en la comuna de Las Condes para efectos de ejecutar el teletrabajo”, sostuvo el documento resolutorio del caso, liderado por la fiscal Alika Sukni.
Esta decisión fue respalda debido a que en el caso de la jueza los delitos no se configuran, ya que no son los magistrados de los tribunales, sino que los funcionarios públicos “de la emisión de documentos públicos o auténticos” quienes están sujetos a este tipo de accionar.
Sin embargo, en el ámbito administrativo, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había iniciado un sumario por los hechos descubiertos, decretó una “amonestación privada” contra Graciel Muñoz.
