Este martes es formalizado el exdirector de la PDI por violación de secreto en el marco del Caso Audios. Se espera que al cierre de la audiencia se conozcan las medidas cautelares.
A las 9:00 horas de este martes comenzó la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, a quien se la acusa de filtrar información sobre causas reservadas en medio de la investigación por el denominado Caso Audios.
La instancia comenzó con los detalles de 12 filtraciones en cinco causas en que Muñoz habría entregado información privada al abogado Luis Hermosilla.
La fiscal Lorena Parra solicitó la prisión preventiva de Sergio Muñoz. En las acusaciones también participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Se espera que durante la jornada, la jueza Francis Fell, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dé a conocer las posibles medidas cautelares para el exlíder de la institución.
En medio de su exposición, la fiscal Parra abordó las causas en que Muñoz habría filtrado información al magistrado en el Caso Raúl Torrealba, en concreto sobre el esquema de corrupción de Vitacura, donde aparece el rol de Felipe Guevara.
Tras ello, la autoridad señaló que existen antecedentes suficientes para fundar delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal.
Posteriormente, vino el turno del fiscal Felipe Sepúlveda, quien continuó entregando datos sobre las comunicaciones entre Muñoz y Hermosilla, argumentando la prisión preventiva.
Si bien el persecutor apuntó a la “irreprochable conducta anterior” de Sergio Muñoz, dada la gran cantidad de delitos que se le imputan, dijo que se estaría dentro de la norma de “presidio mayor en su grado mínimo”, es decir, una pena de 5 años y 1 día a 10 de años de privación de libertad.
Y agregó: “Creemos que en este caso hay otra necesidad de cautela, (ya que) estimamos que hay un peligro para la investigación”.
Finalmente, el fiscal afirmó que los antecedentes expuestos dan cuenta de un “hecho punible” y de la “participación del imputado” en los delitos, por ello, se solicitan dos necesidades de cautela, bajo el argumento de que la libertad de Muñoz es “peligrosa para la seguridad de la sociedad” y que “peligra la investigación.
“Consideramos que la única medida cautelar que se puede imponer es la prisión preventiva”, sostuvo.
Al comienzo de sus alegatos, Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Sergio Muñoz, propuso al tribunal analizar la posibilidad de dictar arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para el ex PDI, “más la prohibición absoluta de tener contacto con aquellas personas u otros elementos que tanto preocupan a mis colegas, razonablemente”, dijo.
Sin perjuicio de aquello, dijo que si el juzgado decidiera dictar la prisión preventiva, esta podría ser cumplida en un cuartel policial.
El viernes pasado, personal del OS7 de Carabineros allanó la casa y oficina de Sergio Muñoz, tras recibir la orden de entrada y registro que la Fiscalía le solicitó a la justicia el 14 de marzo.
La entidad persecutora fundamentó la acción tras las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla, esto en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.
Desde el dispositivo móvil se obtuvieron datos que dieron cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente a Muñoz, afirmó la Fiscalía.
En la noche de ese mismo viernes, se comunicó que Sergio Muñoz renunció a la dirección general de la PDI. No obstante, el ministro Luis Cordero (Justicia) reveló el domingo en Tolerancia Cero de CNN Chile que el Gobierno lo instó a dejar su cargo luego de darse a conocer las indagatorias en su contra.
Paralelamente, un reportaje publicado por Ciper Chile, basándose en datos entregados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, indicó que Muñoz habría comenzado a filtrar información reservada a Hermosilla apenas 13 días después de asumir su cargo como máximo jefe de la PDI.
Dicha filtración incluyó datos sensibles sobre al menos cinco causas judiciales, algunas de las cuales involucraban a altas autoridades del gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.
En concreto, el magistrado recibía los antecedentes antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público, evidenciando un flujo eficiente de filtración de información desde la institución policial a externos.
Entre los documentos filtrados había requerimientos de información, detalles de investigaciones judiciales y solicitudes específicas a entidades financieras como BancoEstado. Estos datos eran enviados por Muñoz a Hermosilla, quien representaba a imputados en los casos investigados.
La Fiscalía ha recopilado más de 510 mensajes enviados y recibidos entre Muñoz y Hermosilla, lo que ha servido como base para abrir una nueva causa penal en contra del exdirector general de la PDI. Todas las conversaciones incautadas desde el celular de Hermosilla suman más de 700 mil páginas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
