De acuerdo a un balance del Consejo de Defensa del Estado, el año pasado se admitieron 1.623 casos de dichos proceso a trámite y, de ellos, en 288 se logró acuerdo. Los acuerdos indemnizatorios han tenido un fuerte crecimiento y han pasado desde 56 en 2010 a 142 el año pasado.
El Fisco pagó $1.865 millones por daños a pacientes en hospitales tras mediaciones realizadas durante el 2019, según revelaron cifras del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El organismo es el encargado de realizar dichos procesos por eventos ocurridos en hospitales, postas y consultorios, los que han incrementado como una alternativa fuera de tribunales para la reparación que buscan las personas que han sufrido daños al ser atendidos en los centros públicos de salud.
Según publica La Tercera, de acuerdo al balance, el año pasado se admitieron 1.623 casos a trámite y, de ellos, en 288 se logró acuerdo. En 142 procesos obtuvieron indemnizaciones que superaron en conjunto los $1.865 millones y que por persona promediaron $13 millones.
En detalle, un 37% corresponde a casos de invalidez parcial, un 29% a daño psicológico y otro 26% a muertes en contexto de atenciones de salud.
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La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, explicó que la mediación por salud procede cuando un paciente o sus familiares reclaman un daño causado “con motivo de una mala atención de salud o como consecuencia de la falta de ella (…), sea con motivo de infraestructura insuficiente o por actuación negligente o mal intencionada de algunos de sus funcionarios”.
En caso de que el proceso sea admitido, la Unidad de Mediación del CDE pone a disposición un mediador quien, según indico Manaud, “tiene el rol de conducir las conversaciones, establecer las reglas de funcionamiento de las audiencias y de colaborar para que cada una de las partes exponga sus puntos de vista, buscando alternativas de solución”.
El procedimiento, que es gratuito, confidencial y voluntario, se desarrolla en un plazo de 60 días, prorrogables hasta 120 días. Es obligatorio cursar el proceso de mediación para que quienes no lleguen a acuerdo puedan demandar judicialmente la indemnización de perjuicios.
“En cambio, si se logra llegar a acuerdo, el acta debe contener una cláusula amplia de renuncia a las acciones judiciales, constituyendo dicho acuerdo un contrato de transacción”, agregó Manaud.
De acuerdo a las cifras del CDE, los acuerdos indemnizatorios han tenido un fuerte crecimiento y han pasado desde 56 en 2010 a 142 el año pasado. Con ello también se han triplicado los montos asociados, que aumentaron de $ 534 millones a $ 1.865 millones.
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Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
