La Corte Suprema determinó que existe responsabilidad del Estado en este delito de lesa humanidad, debido a que Mario Morris era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras al momento en que fue detenido y ejecutado.
La Corte Suprema determinó durante la tarde de este jueves que el Fisco deberá pagar una indemnización de $380 millones a la familia de Mario Morris Barrios, quien fue ejecutado en octubre de 1973 en la localidad de Pisagua, luego de la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet.
A sus 27 años, Morris fue detenido el 11 de septiembre de 1973, era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras y recientemente había sido destinado a Iquique.
Pese a que no tenía militancia política al momento de su detención, fue condenado y asesinado por los delitos de traición a la patria y espionaje, pese a que el primero no es procedente de aplicar a civiles.
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La demanda fue acogida por la segunda sala del máximo tribunal, que determinó la responsabilidad del Estado en la comisión de este delito de lesa humanidad, y fue votada de forma unánime por los ministros Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado Antonio Barra.
“La Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad. En su artículo 4° dispone que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado’”, sostiene el fallo.
La compensación económica será recibida por la esposa, el hijo y los hermanos de Mario Morris.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
