"Podía disponer de $60 millones, se supone, para esos proyectos que yo había postulado", afirmó a CNN Chile la core María Antonieta Saa, quien tras los cuestionamientos levantados por sus colegas de RD decidió sacar a luz una situación que vendría arrastrándose desde 2012.
El miércoles 18 de noviembre, la bancada de Consejeras Regionales (Cores) de Revolución Democrática en la Región Metropolitana denunció “irregularidades y falta de información” en el proceso de priorización de proyectos, uno que califican de “poco transparente” y donde se habrían incumplido plazos comprometidos.
Durante la sesión del Consejo Regional Metropolitano, las core de RD Sofía Valenzuela, Paola Chávez y Noemí Martínez rechazaron la propuesta de asignación de los llamados “Fondos 6%”, entregados por cada Gobierno Regional a las organizaciones sociales que postulan, el que asciende a más de $7.600 millones.
En esa línea, la core Valenzuela se volcó a las redes sociales para denunciar lo que habría ocurrido bajo la administración del intendente Felipe Guevara. Mediante un hilo en Twitter detalló lo que apuntan como falta de transparencia y también la eventual falta de equidad territorial en la entrega de estos fondos:
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Fondo 6%
Año a año, los gobiernos regionales cuentan con una glosa presupuestaria denominada “fondo 6%”, comprendido dentro del fondo de desarrollo regional, dinero que apunta al apoyo con recursos a organizaciones sociales.
Hasta ahora, el intendente Felipe Guevara actúa también como la cabeza del Gobierno Regional Metropolitano. Esto cambiará desde el próximo año, una vez que se elija por voto popular el gobernador o gobernadora.
En este caso, Guevara es el encargado de dar prioridad a algunos proyectos, de los más de 1.900 que llegaron este año hasta el Gore RM. Así, el martes 17 de noviembre envió los 712 a los que se les dio prioridad para ser votados el miércoles. Es en este punto que la core Valenzuela denuncia existe un vicio.
“Todo lo que observamos acá dentro (de la glosa) es pura arbitrariedad. (…) Veníamos pidiendo esto desde el año pasado y nos fue mal: se levantan unas bases para un tema que debiera ser concursable, pero no se presentan todas las notas finales y llega una priorización hecha por el intendente, sin ninguna justificación“.
Y continúa: “Lo que pasa de fondo es que aquí hay acuerdos políticos entre distintas bancadas para repartirse la plata, y cada Core mete los proyectos que son de su gusto.
Sin embargo, agrega Valenzuela, “hasta ahora no hay denuncias, y ese es el problema”. Asimismo, asegura que a aquellas organizaciones beneficiadas “no les gusta a hablar de esto, porque pierden el acceso a la gallinita de oro“.
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La oferta
“Es complicado, es complicado…”, comenzó diciendo la core María Antonieta Saa (PPD) al confirmar que recibió un llamado en que le ofrecían cupo de hasta $60 millones para definir qué proyectos quería incluir. Fue, finalmente, la “falta a la fe pública” la que la motivó a contar sobre el ofrecimiento.
Si bien asegura que el año pasado decidió no enviar proyectos para su priorización, este año le pareció que una serie de iniciativas intercomunales valían la pena. “Presenté un listado de proyectos, uno para la Universidad de Chile, otro para una ONG y una capacitación de migrantes, de teatro para adultos mayores, en fin. Como unos diez proyectos de ese tipo“, dijo la core.
“Después me llamó un señor que yo no conocía, que me dijo ser el jefe de gabinete del administrador regional. Me dijo que era para avisarme que yo podía disponer de $60 millones, se supone, para esos proyectos que yo había postulado“, agregó Saa.
Este punto también es clave, pues en ningún caso se ofrece dinero a las y los core, sino más bien que dispongan libremente de un monto para ingresar los proyectos que les parezcan convenientes. Detrás de ello, agregó por su parte la core Valenzuela, habría todo tipo de tratos cuya falta de pruebas no le permiten denunciar.
La ex diputada, en tanto, indicó que sus proyectos a postular sumaban mucho más que los $60 millones. Molesta, le habría comentado que “no existía equidad en relación a los cores de Chile Vamos y del Partido Socialista“.
“Y le dije que no, que no me parecía y punto. No recibí ningún otro llamado. Cuando priorizaron los proyectos habían algunos de los que había presentado, no todos”, afirmó.
En ese sentido, confiesa que no alcanzó a ver el listado de todos los proyectos, “pues los entregaron de un día para otro”. “Ahí es donde considero que se falta a la fe pública. Esto debiera ser un concurso. Entonces si hay un puntaje yo digo que se consideren de acuerdo al puntaje, lo que no quita que el intendente le de prioridad a algunos proyectos”, añade.
El Gobierno Regional de la RM publicó los listados de aquellos proyectos que fueron aceptados para ser financiados y aquellos que no. En el segundo se pueden ver 17 que fueron rechazados con puntaje 100, el máximo. Estos tenían como comunas asociadas Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Maipú, Quilicura, Melipilla, Renca, La Granja, Conchalí, El Bosque, Cerro Navia y Lo Espejo.
Y si bien las y los cores deben estar de acuerdo para votar a favor o en contra la priorización que realiza la Gobernación Regional, según lo planteado por las cores Valenzuela, Chávez, Martínez y Saa, no habría tiempo de realizar este análisis.
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Inequidad territorial
Durante la sesión del 18 de noviembre se denunció además que a pesar de reiteradas solicitudes en la Comisión de Coordinación, el Ejecutivo Regional obvió la fecha comprometida del 30 de octubre para entregar los proyectos priorizados con sus antecedentes al Core, y no habría dado fecha alguna en que estos se entregarían. Según señaló Valenzuela durante la sesión, esta información recién fue recibida por los consejeros este martes por la mañana.
Por su parte, Paola Chávez señaló que le parece “una falta de respeto, con las organizaciones y con el Consejo, el envío de 712 proyectos priorizados al Core, sin mayores fundamentos y sin haber entregado los antecedentes y proceso de evaluación completa del concurso, un día antes para ser votados en el plenario, y que además el intendente Guevara no asista a la sesión donde se presenta su propia priorización”.
Respecto a los proyectos y su distribución, agregó que “no es posible que se entregue más de $80 millones a la comuna más rica de la región, Las Condes. Mientras en San José de Maipo, comuna rural con altos índices de pobreza, sólo $28 millones. Urge tener liderazgos comprometidos con la equidad territorial”.
“El Ejecutivo no escondió información”
Desde la Gobernación Regional de la RM quien estuvo siguiendo de cerca esta discusión fue Patricio Lazcano, administrador regional. Mientras el intendente Guevara no participó de las instancias de votación, Lazcano sí lo hizo.
Consultado sobre si está al tanto de que ocurra algo de lo planteado por las cores, el funcionario afirmó que “eso no es efectivo”.
“Los consejeros regionales sólo intervienen en lo que tiene que ver con la aprobación de las bases, fijar el marco jurídico y administrativo en el cual se va a regir el 6% y en base a eso determinan los parámetros y el marco presupuestario para este 6% RM para el año 2020″, señaló.
En ese sentido, Lazcano aseguró que las cores denunciantes “confunden” dos instancias diferentes: “Hay una etapa que establece que se tiene que evaluar la admisibilidad del proyecto, de acuerdo a las mismo marco regulatorio fijado en la toma de razón de Contraloría se dice que tiene que haber un periodo de evaluación de admisibilidad, que no es lo mismo que la evaluación de puntajes“.
Sin embargo, en 2019 la denuncia sobre este tema ya se había hecho y en esa instancia, asegura Lazcano, siguieron los pasos de revisión para ver si se detectaba algún problema con resultados negativos.
Según el administrador, de los 1.954 proyectos postulantes, se declararon admisibles 1.595. Luego de esto es donde ocurre la priorización a la cual está facultado el gobernador, donde 712 proyectos fueron aprobados con apoyo del consejo.
Sobre este punto, Lazcano sostiene que esta facultad del Ejecutivo les habría permitido aplicar equidad territorial entre comunas urbanas y rurales. “Podemos decir que hoy el 47% de las organizaciones se encuentra fuera del Gran Santiago“, afirmó.
“No podría decirse que el Ejecutivo escondió u ocultó o no quiso entregar la información porque siempre estuvo disponible de acuerdo a las bases que se aprobaron”, añadió Lazcano.