El ex arzobispo respondió 35 veces "no recuerdo" y ante dos preguntas guardó silencio, por recomendación de su abogado. Declaró no haberle creído a James Hamilton ante las acusaciones de abuso sexual y detalló el artículo del Derecho Canónico que lo exime de la obligación de investigar.
El ex arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, declaró en calidad de imputado ante el fiscal de alta complejidad, Jorge Escobar. El interrogatorio duró en total de 12 horas y Errázuriz debió responder a 12 preguntas; en dos de ellas guardó silencio por recomendación de sus abogados.
Según informó La Tercera, el primer paso del fiscal fue informar al cardenal y su abogado, Juan Domingo Acosta, los cargos que enfrenta: debía saber en forma específica los cargos por supuesto encubrimiento de delitos sexuales cometidos por sacerdotes que se le atribuyen y por los que la fiscalía, eventualmente, lo formalizará ante la justicia.
En la ocasión, el fiscal preguntó a Errázuriz por su participación en 11 casos en que se investiga a sacerdotes por abuso sexual de menores y violación. El caso que se robó la atención fue el del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.
En dicha instancia, Errázuriz hizo silencio ante dos preguntas y respecto a otras 35 respondió: “No recuerdo”.
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Sobre Karadima, el cardenal detalló: “El caso más horrible fue el de Karadima. El grupo que estaba en torno a él lo protegía, si bien yo era el obispo, nunca me informaban lo que ocurría. Hasta que uno, dos y tres dijeron que había abusos adentro, que fue (José Andrés) Murillo, Hamilton y después Juan Carlos Cruz. Para mí el testimonio que me convenció fue el de Juan Carlos Cruz. Por eso, cuando supe, le pedí instrucciones a monseñor (Charles) Scicluna para saber qué pasos realizar” y -aseguró Errázuriz- que lo fue a ver a fines de 2009.
De la respuesta de Scicluna: “Entonces, monseñor Scicluna, que tenía mucha experiencia, me dijo que ‘no es competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe ver esos casos’, porque es su competencia solo cuando hay menores de edad. Era competencia nuestra, entonces señaló que iban a llegar muchas cartas de buenas referencias del acusado, pero que no les hiciera caso. En el mes de abril de 2010 se presentó un cuarto denunciante, que era un menor de edad cuando fue abusado y entonces envié los documentos a Roma”, contó Errázuriz.
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Respecto a la denuncia realizada por James Hamilton, Errázuriz aseguró que dudó: “Era muy difícil creer en la acusación del doctor Hamilton, porque era un doctor, era padre de familia y él decía que fue abusado por casi 14 años. Sin embargo, invitaba a Karadima a su casa, lo invitó al bautizo de sus hijos. En fin, costaba creer en esa denuncia por las circunstancias”.
La fiscalía le preguntó si sabía de las maniobras que se desplegaron para que la Clínica Las Condes despidiera a Hamilton, el cardenal dijo que supo “con posterioridad”.
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Errázuriz fue interrogado al día siguiente de que la Corte de Apelaciones de Santiago dictara una histórica sentencia en contra del Arzobispado de Santiago ordenando indemnizar con $ 300 millones a las víctimas del caso Karadima.
“¿Ha actuado con negligencia? ¿Usted se negó a tramitar las denuncias solo en base a la opinión de Arteaga y la fama de Karadima?”. Ante ambas preguntas intervino el defensor Juan Domingo Acosta y quedó constancia de que Errázuriz no contestaría para “salvaguardar su derecho a defensa”, en la primera, y “por pregunta impertinente”, en la segunda. También dijo no recordar haber enviado una carta a los párrocos de Santiago en que defendía a Karadima.
La fiscalía incautó un correo del 1 de febrero de 2009. El asunto de la misiva que envió Errázuriz a el nuncio Apostólico Giusseppe Pinto, decía: “Un problema grave”. Errázuriz reconoció que el escrito tenía relación con Fernando Karadima, pero al tener el correo en sus manos, expuesto por el fiscal, el cardenal dijo no recordar lo que decía y tampoco si él lo había elaborad.
En el e-mail, Errázuriz comentaba que los “hermanos obispos” supuestamente estaban molestos con él acreditar a los denunciantes del párroco. Al preguntar el fiscal a quiénes se refería, el imputado fue tajante “No tengo por qué decirlo… pertenecían al núcleo cercano a Karadima”.
Ante la consulta de si era cierto que visitó a Karadima y le dijo que no se preocupara porque la indagatoria no prosperaría, el cardenal dijo no recordar y “lo encuentro improbable”.
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El religioso Diego Ossa fue considerado la mano derecha de Fernando Karadima, en la parroquia El Bosque. Sobre él recaen tres denuncias y una causa penal en la, últimamente renombrada, Fiscalía Regional de O’Higgins. Además de ello, Ossa está envuelto en un proceso administrativo penal de la Congregación Para la doctrina de la Fe.
El persecutor preguntó a Errázuriz si había recibido denuncias sobre Ossa siendo arzobispo: una vez más, aseguró no recordar: “Sí lo conozco, el año 2010 me visitó para informarme de que un varón le estaba pidiendo dinero acusándolo de abuso sexual. Después supe que se llamaba Óscar Osbén, no recuerdo cuándo supe su nombre. Ossa me dijo que lo que pedía era una ayuda, ya en el pasado durante años él le había brindado ayuda económica a esa persona; también me señaló que el padre Karadima ayudaba económicamente al señor Osbén”, recordó.
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En la segunda declaración entre el persecutor y el imputado, luego de que el mismo Errázuriz hiciera referencias a situaciones de relaciones homosexuales entre sacerdotes que, además, tenían denuncias por abuso, la fiscalía preguntó: “A su juicio, ¿la homosexualidad es incompatible con el sacerdocio?”. El ex arzobispo no dudó: “Es mejor que no haya sacerdotes homosexuales. No está excluida una persona que domine totalmente su homosexualidad, pero la mayoría quiere tener la certeza de serlo y hacen actos de homosexualidad”.
El fiscal pidió a Errázuriz explicar cómo funciona el derecho canónico contra un clérigo, ante lo que este último detalló que todo se definía bajo el “Canon 1717”. Esta norma sostiene que “siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”.
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Para Errázuriz había una complicación con la interpretación de esta norma y lo explicó: “El problema de esto es que el concepto de ‘al menos verosímil’ retarda mucho el tiempo, provoca demora. Le coloca a uno una condición, que para el ordinario obra de freno. Que sea probable que haya ocurrido el delito. El concepto de ‘al menos verosímil’ provoca un juicio previo a la investigación, por desgracia”.
Acto seguido, el imputado completó su idea: “Si yo recibo una noticia, un rumor de si un sacerdote está cometiendo una imprudencia que no me parece verosímil, no es obligatorio, ni tiene el deber de investigar”, aclaró.
“¿Como obispo ordinario no tiene el deber?”, preguntó el fiscal. “No tiene el deber de realizarlo al tenor del Canon 1717”, confirmó el religioso interrogado.
Consultado Errázuriz por la existencia del “denominado archivo secreto del obispo”, el imputado sostuvo: “No recuerdo, pero yo creo que más bien había un archivo privado y confidencial”.
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El cardenal aseguró no haberse llevado los documentos: “Todo estaba en el arzobispado”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
