La diputada Gael Yeomans indicó que "contamos con respaldo en materia de pactos internacionales, de los pactos que ha firmado nuestro Estado en derechos humanos y por eso vamos a resguardar el derecho a reunión".
La Cámara de Diputados despachó este jueves el proyecto de ley que modifica el Código penal para tipificar como delito la “alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia”.
Dicha iniciativa, conocida como “ley antisaqueos”, quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República.
Ante esto, y tal como lo habían adelantado días antes, el Frente Amplio (FA) confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el proyecto se convierta en ley.
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Al respecto, el diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, señaló: “La reserva de constitucionalidad la vamos a presentar porque queremos resguardar los derechos fundamentales a la protesta social, que es precisamente lo que se le cuestiona también al intendente Guevara con la estrategia de copamiento policial”.
Agregó además que “cuando se arroja un elemento a Carabineros, que ya está tipificado como delito de lesiones, que ya existe en nuestra legislación, incorporar nuevas penalidades y nuevos tipos penales que son abiertos, y que no son precisos, para resguardar un hecho en concreto, queda finalmente a la arbitrariedad de los tribunales de justicia“.
Asimismo, la diputada Gael Yeomans reconoció que “como Frente Amplio, vamos a utilizar una herramienta que también hemos criticado que es el Tribunal Constitucional, pero aún así creemos que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos para poder resguardar un derecho garantizado por la Constitución, como es el derecho a reunión”.
“Tenemos antecedentes. Hay una carta que nos envió el alto comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos y es por eso que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas, porque también contamos con respaldo en materia de pactos internacionales, de los pactos que ha firmado nuestro Estado en derechos humanos y por eso vamos a resguardar el derecho a reunión, como también otros derechos fundamentales”, complementó.
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Esta iniciativa busca sancionar con penas que van desde los 541 días de cárcel a quienes impidan la libre circulación de personas o vehículos a través de la violencia, la intimidación u obstáculos. A la vez, sobre el lanzamiento de objetos contundentes, se establecen penas que podrían llegar a los 3 años de cárcel.
También se reconoce en la iniciativa sanciones para el denominado “el que baila, pasa”. En este caso, se estableció la misma pena que se indica para quienes instalen barricadas en las calles.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
