Eduardo Meneses, ahora ex funcionario administrativo de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, es acusado por el Ministerio Público de husmear en sistemas reservados de la entidad y de prestar apoyo logísticos al grupo que protagonizó incidentes en la “zona cero” de Iquique durante el estallido social. Entre las filas de conjunto hay dos personas que fueron indultadas por el presidente Boric en 2022.
Un funcionario administrativo de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, fue expulsado y está siendo investigado por entregar información privilegiada y reservada al denominado “K-Pop Primera Línea”, un grupo que protagonizó ataques en la “zona cero” de Iquique durante el estallido social.
Eduardo Meneses, quien era conocido como el “tío fotógrafo” o “tío fiscal” entre el conjunto, es apuntado por el Ministerio Público de prestar apoyo logístico y husmear en sistemas reservados de la fiscalía en beneficio de la banda, consignó Biobiochile.cl.
Entre las filas de este grupo están Claudio Romero y Brandon Rojas, dos de las 13 personas que el presidente Gabriel Boric indultó a fines de diciembre de 2022.
La investigación de la Fiscalía también dio cuenta que la cónyuge de Meneses, Ghislaine Reyes, era parte de esta Primera Línea.
De hecho, uno de los fiscales que prestó declaración en el caso comentó que “el tal Homer, en calidad de jefe de esta asociación, impartía instrucciones (…) para lo que tomaba contacto con diferentes sujetos, uno de los cuales resultó ser el funcionario Eduardo Meneses y, principalmente, doña Ghislaine Reyes”.
“Durante intervenciones telefónicas nos percatamos que la señora de Meneses es partícipe directa de la asociación ilícita para la confección de bombas molotov. Por ejemplo, participando de la obtención de insumos para las mismas”, afirmó el persecutor.
Reyes está a la espera de ir a juicio el próximo lunes 20 de febrero, tras ser imputada por asociación ilícita.
El caso también dio cuenta de que Reyes contó en el grupo de Primera Línea “que su esposo trabajaba en la fiscalía y que si ella caía detenida ‘tenía mano’ para su libertad”, relató un fiscal consultado en el sumario ordenado por el Ministerio Público.
Ante las acusaciones, Meneses sostuvo en respuesta al sumario interno de la Fiscalía que la información que obtuvo al ingresar a carpetas de carácter reservado “no fue divulgada a nadie, quedando solo en su fuero interno”. Además, afirmó que la revisión de personas en los archivos de la entidad “se trata de un comportamiento generalizado en toda la fiscalía, sin que sea un misterio que todos los funcionarios ingresen a consultar en la base de datos sobre personas que están siendo investigadas”.
También aseguró que su participación en las manifestaciones e incidentes como el “tío fotógrafo”, era por pasatiempo y porque había sido invitado a participar como observador de derechos humanos. Sin embargo, esta explicación fue calificada como “del todo inverosímil” por el Ministerio Público, añadió el medio citado.
Con esto, fue expulsado de sus funciones y más tarde el fiscal regional ratificó la sanción en su contra.
No obstante, y ante la investigación en su contra, Meneses presentó una contrademanda laboral en contra de la institución donde trabajó, con la que busca ser reingresado. En ella acusa que se le impidió el “debido ejercicio de defensa” y que su remoción se basó en “un proceso arbitrario y discriminatorio”.
“No es racional que el suscrito haya sido sancionado sin permitirme siquiera probar mis alegaciones y defensas, a través de los diversos medios de prueba existentes, otorgándome un término probatorio para ello. La sanción así determinada lo es sobre la base de un proceso carente de prueba de descargo, lo que debería concluir con una absolución o sobreseimiento”, dice el escrito.
Incluso, el sujeto acusó que la situación se trata de una “venganza” por parte de Carabineros de Chile.
“Fue sancionado por una venganza de Carabineros, coludidos con el Ministerio Público, ya que, sus cientos de registros gráficos (imágenes y vídeos) se viralizaron en redes sociales y han servido como evidencia irrefutable de la brutalidad policial y violaciones a DD.HH. cometidas por Carabineros contra manifestantes en el estallido social en Iquique”, dijo su abogado, Enzo Morales.
El caso continúa su tramitación en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la Región Metropolitana.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
